La Audiencia Provincial reabre un supuesto caso de bebé robado

La Audiencia Provincial de Cádiz ha reabierto el caso de un supuesto caso de bebé robado que tuvo lugar en 1983 en el Hospital Puerta del Mar (entonces Zamacola) y que fue archivado por la jueza de instrucción al considerar que no existían pruebas suficientes para esclarecer los hechos.

La Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz considera que se trata de una noticia «cuanto menos esperanzadora» ya que con la reapertura del proceso se podrá realizar una de las reivindicaciones de la familia, la exhumación de los restos que supuestamente se encuentran en el cementerio de San José.

«Se trata de un golpe sobre la mesa porque abre la puerta para otros casos», declaró el abogado de la asociación, Alberto Prián, quien asegura que desde que la Audiencia de Cádiz «unificó criterios» muchos de los casos estaban siendo archivados sin concluir la investigación.

Según Prián, el de la familia Alcina Blanco es un «caso singular» porque, acorde a la documentación que entregaron a la familia, el niño tendría acondroplasia (enanismo), circunstancia que no fue detectada en ninguna de las pruebas practicadas durante la gestación, pero que hace que los huesos sean «fácilmente identificables».

El abogado ha encontrado contradicciones tanto en los documentos que poseen los padres como en las declaraciones de testigos que participaron en el proceso. De hecho, en los partes figuran diferentes horas, días e incluso causas de la muerte del bebé y aunque el padre se ofreció por tener un seguro, el hospital se hizo cargo de los trámites y gastos del entierro, y no se les permitió asistir a sepelio ni se les informó de donde iban a quedar depositados los restos.

Un mes después sí les llegó un recibo al domicilio familiar, supuestamente abonado por el padre, con los datos exactos, lo que hizo levantar aún más sus sospechas.

A principios de abril la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz llamó a declarar a la ginecóloga que atendió el parto en calidad de imputada por las supuestas contradicciones en las que incurrió al rellenar el parte de alta.

Sin embargo, la facultativa, que continúa ejerciendo en el mismo hospital en el que se produjeron los hechos, se acogió a su derecho a no declarar.