«El Gobierno de Andalucía quiere limpiar su conciencia con el Decreto de Inclusión»

El fondo de 5,5 millones de euros que la Junta de Andalucía va a destinar a los ayuntamientos para el pago de los suministros básicos de luz y agua y el pago de alquileres, entre otras cuestiones, a familias en situación de extrema necesidad, a través del Decreto Ley de Inclusión Social, fue ayer calificado de «insuficiente» por parte de la alcaldesa de Cádiz.

Teófila Martínez no dudó en afirmar que con este Decreto la Junta de Andalucía «quiere lavarse su mala conciencia de saber que son los ayuntamientos andaluces los que hacen la política social en Andalucía, a pesar de que son competencia exclusiva del Gobierno andaluz. Los consistorios andaluces invierten al año más de 500 millones de euros en políticas sociales frente a los exiguos 51 millones de euros que aporta la propia Junta a través del Plan Concertado».

La alcaldesa de Cádiz insiste en que «el Decreto es insuficiente si lo que intenta es atender y ayudar a los andaluces con necesidades sociales. Basta con sumar las cantidades previstas en cada ámbito de actuación para darse cuenta que los recursos económicos con los que se pondrá en marcha apenas representan un pequeño porcentaje del dinero total que invierten al año los ayuntamientos andaluces en estas y otras necesidades sociales. En definitiva, aunque sea mínimo en su previsión o dotación económicas, en la ciudad de Cádiz siempre saludaremos cualquier iniciativa que trate de ayudar a las personas más desfavorecidas, por pequeña que esta sea, porque todo suma. Lo imperdonable es que este Decreto se ponga en marcha con una meta ambiciosa pero sin los recursos económicos para alcanzarla».

Para justificar esta valoración del anuncio de la Junta, la alcaldesa de Cádiz se pregunta qué cantidad corresponderá a la ciudad, «porque si el Ayuntamiento pone al año dos millones de euros con una población de 120.000 habitantes, que me digan a cuánto nos va a tocar con cinco millones para toda Andalucía». Martínez recuerda además que, en lo que va de año 2014, desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha ayudado a pagar el alquiler social a unas 1.250 familias, destinando a ese concepto 800.000 euros. Otros datos que aporta son los de las 80 familias que han tenido acceso a una vivienda municipal en 2013, a las que hay que sumar las 102 de Matadero, así como las 1.450 familias a las que se ha ayudado desde Servicios Sociales en el último año al pago de sus recibos de luz y agua. «Esto sí que es política social y justicia social, no lo que muchas veces intentan vender con artificios», concluye.