Los agentes de empleo dan por ganada la batalla a la Junta por sus despidos

Justo cuando la tasa de paro alcanzaba récords históricos, se desmantelaban unidades de fomento del empleo. Orientadores laborales en la cola del Inem, entre ellos los agentes locales de promoción de empleo, los llamados 'alpes', vinculados a los ayuntamientos bajo la gestión de la Junta y financiados en parte por el Ministerio. Precisamente ese terreno compartido fue el motivo al que se aferró la Consejería de Empleo para justificar su despido hace ahora casi dos años. En total, 800 en toda Andalucía, de los que 81 realizaban su labor en Cádiz. Las protestas en la calle se repitieron y poco después comenzaron a llover las demandas, individuales y colectivas, que llenaron los juzgados de cada provincia. Casi dos años después y tras un largo litigio de un tribunal en otro, los alpes le han ganado la batalla a la Junta, que ahora se ve obligada a readmitirlos como ordena la sentencia del Supremo.

Ha sido en estos últimos dos meses cuando se han emitido los veredictos que caen en cascada. Equipos completos de la sierra de Jaén, Almería y ahora el Aljarafe sevillano tienen ya en su mano el documento que no sólo les devuelve sus puestos de trabajo, sino que exige una indemnización por los salarios y costes laborales del tiempo en el que han estado en la calle.

Pedro Gómez, antiguo presidente del comité de empresa de los agentes, continúa ejerciendo como portavoz. En paro desde septiembre de 2012 y en lucha desde entonces recupera el optimismo. Explica que «el Supremo está anulando los despidos en todas las demandas colectivas en firme». Destaca que las sentencias condenan tanto a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de las que dependían, como al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la reincorporación de los trabajadores y al cobro de los salarios que han dejado de percibir en este tiempo. El alto tribunal ha rechazado las causas económicas alegadas por la Junta para fundamentar el despido colectivo y señala que debían haber sido incorporados en el SAE como reconoce la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía.

Pedro Gómez aclara que «en Cádiz no se ha presentado ninguna demanda colectiva, todas han sido individuales y nos encontramos con un resultado desigual, porque tenemos ahora sentencias muy distintas». La mayoría de ellas fueron desestimadas en los juzgados de la provincia y han sido recurridas ante el TSJA que ahora ha de basar su veredicto en la respuesta del Supremo.

Fraude de ley

¿Y cuál ha sido? El alto tribunal señala que se ha cometido un fraude de ley al no respetar la norma de la reordenación del sector público andaluz de 2011. La misma por la que se integraron en el SAE a los trabajadores de la polémica Faffe y a gran parte de la administración paralela. «La ley decía que teníamos que estar integrados en el Servicio Andaluz de Empleo una vez que se eliminaron consorcios, pero lo que hicieron fue despedirnos a todos por el recorte de fondos del Ministerio de Trabajo».

Pero no toda la batalla está ganada. Las primeras sentencias del Supremo se hicieron públicas en marzo y desde entonces no se ha readmitido a uno solo de estos agentes. «La Junta no está haciendo ningún movimiento. Ni se sienta con nosotros, ni plantea salida alguna». Todo lo contrario, teme Gómez, que señala que la administración podría estar pensando en un incidente de nulidad de actuaciones, un último recurso para retrasar todo el proceso. «Prospere o no, sí les permitiría ganar tiempo», mientras los afectados continúan agotando las prestaciones que finalizarán el próximo mes de septiembre.

La Consejería de Empleo no ha llegado a pronunciarse. Cuando los extrabajadores se han dirigido a alguno de los responsables se les ha invitado a solicitar una reunión, pero no se ha dado fecha para ningún encuentro. Fuentes oficiales señalaron que la administración «no hace valoraciones de sentencias judiciales». Destacan que se están estudiando y se tomará una decisión cuando se hayan visto todas.