El caso de los ERE pende de un recurso

El caso de los ERE pende de una deliberación crucial de la Audiencia Provincial de Sevilla que esta puede dar a conocer la semana entrante. Los magistrados responderán al recurso de Magdalena Álvarez contra su segunda imputación por la jueza Mercedes Alaya. Lo que decidan tendrá repercusión no solo en la situación procesal de la exministra de Fomento y ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), sino que también puede tenerla en toda la rama política de los ERE, en la que hay 20 excargos de la Junta imputados y otros siete aforados señalados como tales, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros.

Alaya sostiene que todos ellos aprobaron o consintieron un «procedimiento ilegal de concesión de subvenciones» que permitió que estas se distribuyeran de forma discrecional «sin control» y vulnerando los principios de «objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación», lo que, según su tesis, hizo posible el fraude del dinero público destinado a empresas en crisis y parados. El dinero presupuestado en la partida 31L cuestionado fue desde 2000 a 2011 de 850 millones de euros, aunque Alaya aún no ha detallado a cuanto asciende el fraude total en ayudas, intrusos y sobrecomisiones.

Informes

La jueza apoya su tesis de la ilegalidad del procedimiento (conocido por transferencias de financiación) en sendos informes de la Intervención General del Estado y de la Cámara de Cuentas andaluza, que censuran el método y también a los responsables políticos de autorizarlo, aunque no dicen que sea ilegal.

Para acusar por la vía penal a los excargos de la Junta (desde los expresidentes a varios consejeros viceconsejeros, directores generales, interventores) de prevaricación y malversación de fondos públicos, Alaya esgrime desde el comienzo de la investigación la tesis de que entre todos hubo «connivencia» para idear o consentir un diseño opaco del fondo con la intención de agilizar las ayudas en pro de la paz social, pero también para favorecer a amigos o cercanos al PSOE. Esta última parte de su teoría, no obstante, la soslaya en sus últimos autos. En el caso de Magdalena Álvarez, la jueza Alaya considera que fue «promotora» del procedimiento y además vaticina «la probabilidad cierta» de que pudiera ser condenada.

Los magistrados de la Audiencia deben pronunciarse ahora si hay o no indicios de responsabilidad penal en la exconsejera de Hacienda para mantener su imputación. La cuestión es que para ello deben en parte entrar al fondo de la peliaguda cuestión de si es o no legal el procedimiento con el que se pagaron los ERE y si hubo connivencia dolosa en mantenerlo por parte de los cargos políticos.

En caso de que admitan el recurso y anulen la imputación de Magdalena Álvarez, la decisión implicaría echar por tierra la tesis de Alaya de la conspiración política y el caso podría no subir al Tribunal Supremo, donde está previsto que acabe al haber señalado a siete aforados.

Fuentes jurídicas cercanas al caso desconfían que la Audiencia de Sevilla, que no conoce todo el sumario en profundidad (decenas de miles de folios), «tome una decisión que paralice toda la parte política del sumario». Varias personas consultadas por este periódico coinciden en que la Audiencia optará por que sea el Supremo el que decida finalmente si el método para pagar los ERE fue legal o no y si los responsables políticos de una década tuvieron responsabilidad penal en este caso de corrupción.

Vaticinios

Por ello vaticinan que mantendrán la imputación a Magdalena Álvarez, aunque en una resolución en la que también es previsible que den un toque exigente a la jueza Alaya para que entregue al Supremo la parte política del sumario.

Un letrado advierte de que la Audiencia está pendiente de pronunciarse sobre la apelación de la Fiscalía Anticorrupción contra la negativa de Alaya a dividir la causa y elevar la parte política al Supremo. «Es posible que adelante algo sobre lo que dirá a la Fiscalía en la respuesta al rercurso de Magdalena Álvarez», sugirió esta fuente.

En este sentido, cabe que la Audiencia haga una deliberación salomónica: mantenga la imputación de Álvarez, pero dé un duro aviso a Alaya por retener la parte política cuando hay cinco aforados descritos como preimputados y uno de ellos, José Antonio Viera, señalado por la Guardia Civil con «un papel esencial» en las ayudas a la sierra norte de Sevilla.

Alaya argumentó para retener el sumario completo en que este no se puede trocear porque podría provocar sentencias contradictorias y también porque aún estaba a la espera de pruebas pendientes, como otro informe de la Intervención del Estado sobre la comisión de Hacienda del Parlamento andaluz.

La Audiencia puede forzarle a decidir. En cualquier caso, si no tumba la imputación a Magdalena Álvarez, el recorrido del sumario de los ERE tiene tres caminos, pero todos conducen al Tribunal Supremo: Si la Audiencia obliga a trocear la causa, se elevaría la parte política al Supremo de inmediato; También la jueza puede decidir mandar todo el sumario al Supremo ahora; y una tercera vía, la de que aguante todo el caso sin trocear hasta concluir la instrucción y después remitirlo a Madrid. Esta es la opción preferida por la magistrada.