El PSOE nacional defiende a Álvarez frente a la tibieza de los socialistas andaluces

El auto de la jueza Mercedes Alaya que impone una fianza civil a la exministra Magdalena Álvarez de 29,5 millones de euros ha puesto de relieve las discrepancias en el seno del PSOE sobre cómo afrontar un caso que le toca a fondo en Andalucía. El PSOE nacional salió ayer a defender a la ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de forma rotunda, frente a la tibieza con la que lo han hecho los socialistas andaluces.

Mientras en Madrid el PSOE de Rubalcaba tacha de «despropósito» y apunta la posible prevaricación de la magistrada, en Andalucía el PSOE de Susana Díaz enmudece bajo el paraguas de exigir celeridad a la instructora y respetar sus decisiones, aunque no las comparta. «La instrucción no responde al sentido común», dijo como única crítica el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez.

Su homóloga en el Congreso, Soraya Rodríguez, dijo sorprenderse del auto con la fianza cuando todavía la Audiencia Provincial de Sevilla no se ha pronunciado sobre el recurso contra su imputación. «Ella ha proclamado y defendido su inocencia, lo está haciendo ante los órganos jurisdiccionales, y está colaborando con la justicia en todo momento. Confío plenamente en que demostrará su inocencia y creo firmemente en la inocencia de Magdalena Alvarez», manifestó ayer.

Más vehemente se mostró el portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Julio Villarrubia, quien declaró lo siguiente: «Me parecen un despropósito algunos de los autos de esta superjuez. Desde el punto de visto jurídico, no se sujeta ni se sostiene por ningún lado. A veces se cometen errores clarísimos que no sé si rayan la prevaricación».

Para algunos miembros del PSOE andaluz este partido no ha sabido defenderse en el caso de los ERE fraudulentos, cuya instructora ha imputado a más de una veintena de cargos de la Junta (y ha señalado a siete aforados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán) al considerar que idearon un sistema para pagar las subvenciones a las empresas sin control, lo que propició el fraude en la Consejería de Empleo.

Susana Díaz se comprometió al tomar posesión de su cargo a luchar contra la corrupción y estableció un cortafuegos con los anteriores gobiernos de su partido. Como norma estableció no comentar los autos de la jueza Alaya. De ahí el silencio tras el polémico auto contra Álvarez.

En el PSOE andaluz existe el convencimiento de que cuando el caso llegue al Tribunal Supremo por la implicación de los aforados este tribunal tumbará esta teoría y demostrará la inocencia de los cargos.

Pero algunas voces discrepan de la respuesta política mientras tanto, ya que observan el perjuicio a la imagen y credibilidad de políticos de la talla y currículum de Magdalena Álvarez, que ejerce un importante cargo en la actualidad como vicepresidenta del BEI.

Pese a la petición de dimisión de algunos políticos españoles, entre ellos Rosa Díez y CiU, el BEI reiteró que mantendrá en el cargo a Álvarez. Fuentes del BEI indicaron a Europa Press que la institución está en «contacto estrecho y constante» con las autoridades gubernamentales españolas relevantes y reiteró su respeto por el principio de presunción de inocencia.

Esta postura coincide con la del PP ahora. El portavoz de Economía del Congreso, Enrique Martínez Pujalte pidió paciencia y no caer «en la frivolidad» de exigir la dimisión de Álvarez. El PP pidió la dimisión de Chaves y Griñán sin estar siquiera imputados.