Alaya quiere saber si el Parlamento conocía las irregularidades de los ERE

En una nueva vuelta de tuerca de su búsqueda de responsabilidades en la llamada «trama política» del caso de los ERE fraudulentos, la magistrada de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decidido entrar a investigar al Parlamento de Andalucía.

En un auto notificado ayer, Alaya ordena a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre «qué pudo conocer» la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz «sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General y en definitiva qué pudo hacer para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación a IFA/IDEA para el pago de subvenciones sociolaborales».

La decisión ha sido adoptada a petición del abogado del exdirector general de IDEA, Jacinto Cañete, imputado en la causa. Alaya requiere a la representación legal de la Junta de Andalucía para que antes de cinco días aporte los diarios de sesiones de la comisión parlamentaria de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010, donde se debata la aprobación del Presupuesto anual y los diarios de sesiones del Parlamento, de la sesión plenaria en la que se aprueben los Presupuestos anuales en el periodo 2001 - 2010.

Además, requiere de la Consejería de Hacienda y Administración Pública acreditación de haber remitido al Parlamento de Andalucía, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L de la Consejería de Empleo, desde el año 2000 hasta la actualidad.

En su escrito, el abogado de Jacinto Cañete alega que dicha comisión recibía cada tres meses los expedientes físicos de las modificaciones presupuestarias y dice que en la causa obra «cumplida prueba de la recepción de los escritos por los 17 parlamentarios (9 del PSOE, 7 del PP y uno de IU) integrantes de la comisión, firmando de puño y letra el recibí». Por ello, afirma que su cliente «ha desarrollado sus funciones en la creencia de que si en este concreto programa presupuestario (la partida 31L) o en otros hubieren existido irregularidades administrativas constitutivas de delito, los distintos organismos de control tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo hubieran alertado».

El letrado añade que la comisión de Economía y Hacienda, ahora de Hacienda y Administración Pública, «jamás puso reparo alguno a la aprobación de la cuenta general e ítem mas, conociendo o pudiendo conocer el concreto funcionamiento del programa 31L, además de informar sin reparo la cuenta general, informó sin reparo, año tras año y favorablemente, el proyecto de ley de Presupuestos que finalmente se aprobaba en pleno, sin cuyo informe favorable jamás hubiere existido el programa 31L».

Declaración de Ruiz Mateos

Asimismo en la mañana de ayer Mercedes Alaya tomó declaración a Zoilo Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano, por su implicación en los cinco expedientes de regulación de empleo que investiga en su grupo de empresas. El empresario se negó a acudir y dijo en una nota que no lo hará porque no confía en la Justicia si bien el caso no se planteó en la declaración de ayer.

Zoilo Ruiz Mateos negó ante la jueza conocer a Juan Lanzas, acusado de mediar en los ERE fraudulentos, ni conocer a los intrusos y dijo que él sólo se ocupaba como abogado de los casos de la extinta Rumasa. La Junta de Andalucía pidió para él una fianza civil de 8 millones de euros, mientras la fiscalía no solicitó ninguna medida.

El presidente de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, fue zarandeado a las puertas de los juzgados por afectados por la paralización de unas viviendas promovidas por dicha fundación. Carrillo está imputado en el caso, al igual que el ex-presidente de la CEA, Santiago Herrero, que ayer no acudió a declarar por una cita médica. Varias decenas de personas, afectadas por la presunta estafa, abuchearon e insultaron al directivo, al que llegaron a agredir.

Se trata de la investigación que sigue el Juzgado número 3 de Sevilla, por presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas Isbylia, en Sevilla Este que no han sido terminadas. Unas 500 familias. que entregaron como media 18.000 euros a cuenta de los pisos, se han visto perjudicadas por la quiebra.

Según informó una de las partes, Carrillo, que sólo respondió a las preguntas de la juez y del letrado defensor de Juan Salas Tornero, otro de los imputados, dijo que hasta que en noviembre de 2012 entró a presidir la Fundación no tenía más contacto que dos reuniones anuales, en las que no se detallaba el estado de la promoción, y que no le constaba que hubiera problemas de financiación ni falta de liquidez.

Carrillo dijo que su intención era terminar las viviendas y alcanzar un acuerdo con las contratas que han presentado la denuncia.

El secretario general de la CEA indicó también en su declaración ante el juez que no firmó nada con la empresa Dolmen y dejó claro que «cuando se empezaron a construir las viviendas, Dolmen era una empresa puntera en VPO a nivel nacional».

El también presidente de la fundación dependiente de la CEA, que sucedió en el cargo a Herrero, achacó la situación al concurso de acreedores de la constructora Dolmen, así como la gestión de la hipoteca por Caja Madrid y problemas con la Gerencia de Urbanismo.