Andalucía y Cataluña recurren la reforma educativa al Constitucional

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anunciado recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), también conocida como ley Wert, por invadir competencias autonómicas, tener un objetivo centralista y por su carácter segregador. El consejero de Educación y Cultura, Luciano Alonso, dijo que la reforma traerá consecuencias «nefastas» a varias generaciones y que es una obligación «moral e institucional» presentar el recurso.

Andalucía coincide con Cataluña, cuyo gobierno aprobó ayer un recurso en parecidos términos al de la Junta de Andalucía. País Vasco, Canarias y Asturias (es decir, todas las comunidades que no están gobernadas por el PP) también han anunciado un recurso igual.

El consejero andaluz considera que esta ley, que afecta a 1,9 millones de alumnos, es segregadora, técnicamente deficiente, tiene un calendario de difícil aplicación y carece de la adecuada financiación. Alonso dijo que la Junta «no será insumisa», pero aplicará medidas para corregir tales defectos. Reiteró que aplicará el calendario mínimo posible en la asignatura de Religión (una hora semanal), que pasa a tener influencia en las notas y por tanto en las becas y ayudas; solo se sostendrán con fondos públicos los colegios que no segreguen por sexos; mantendrá la gratuidad de los libros; aplicará alternativas para los alumnos que pese a aprobar los cursos no pasen las reválidas; y garantizarán que los profesores permanezcan junto a los alumnos dos cursos seguidos, frente a la rotura de ciclos educativos previstos en la normativa.

La Junta también ha aprobado otro recurso al Constitucional contra la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que entró en vigor el pasado 11 de diciembre, por vulnerar derechos de los consumidores e invadir competencias.