La UDYCO vio indicios de delito en la adjudicación del alumbrado público

Las diligencias que instruye el juzgado nº 2 de Cádiz por un presunto caso de tráfico de influencias en el Consistorio de Cádiz, a través de las adjudicaciones de obras públicas a empresas afines a un antiguo director municipal, contiene un informe policial redactado por el Grupo III de la UDYCO de Cádiz. Lo elaboró en 2012 a petición de la Fiscalía de Cádiz, que había recibido la denuncia de un empleado en una concesionaria del Ayuntamiento contra el extécnico responsable del alumbrado público, tráfico y protección civil, Germán Molina. Como informó ayer en exclusiva LA VOZ, el denunciante acusa a Molina, jubilado hace escasos meses, de amañar los procesos de adjudicación de contratos para que acabaran en manos de empresas amigas. Y esa grave aseveración la acompañó en su día con una serie de conversaciones grabadas.

El informe policial al que ha tenido acceso este periódico sostiene que existen indicios de delito en el material entregado por el antiguo trabajador de IMESAPI (nombre de la concesionaria que llegó a explotar varios contratos en la capital como la limpieza de playas).

Los agentes se centran en el proceso de adjudicación del servicio de alumbrado público que recayó en 2009 en la UTE Monelec-Electromur, perteneciente al grupo ACS. La Policía concluye que debe investigarse si se alteró de manera intencionada el sistema de baremación de las propuestas que competían por hacerse con el contrato. Cuatro fueron las empresas que respondieron a la convocatoria, que se resolvió mediante una fórmula distinta a la que se venía aplicando para designar las concesionarias de contratos públicos.

El sistema tradicional que ha seguido la mesa de contratación consiste en una regla de proporcionalidad partiendo de la mejor oferta económica. Aplicando esta fórmula, la explotación del mantenimiento del alumbrado público debió haber recaído en la empresa INDRA, que ofertaba el precio más competitivo; sin embargo, el contrato recayó en la UTE Monelec-Electromur. El denunciante asegura que fue el exresponsable municipal quien ordenó cambiar el sistema de puntuación para que el contrato no acabara en una empresa desconocida para él.

Los agentes mencionan en su informe el recurso especial que planteó el portavoz de IU contra la adjudicación a la UTE y hacen suyos los cálculos aplicados con el sistema llevado a cabo por Germán Molina. Esta forma de baremar, explican los investigadores, permitía que una empresa que no ofrecía una rebaja sobre el precio de licitación obtuviera una buena puntuación. Es decir, que no se reconocía como punto favorable que una concesionaria presentara un servicio a un precio más bajo y que, por tanto, generara un gasto inferior a las arcas públicas. Es por ello que la Policía entiende que de confirmarse los delitos no sólo habrían resultado afectados las empresas que habían pujado en ese concurso, sino también el Ayuntamiento de Cádiz que habría «contratado unos servicios a unos precios superiores a los que hubiera logrado de haberse aplicado la norma original».

A la Policía le llama la atención cómo esos cambios en la baremación y las puntuaciones que habían obtenido las distintas empresas no aparecieran en el acuerdo de adjudicación provisional.

El recurso planteado por IU fue desestimado por la Junta de Gobierno local basándose en un informe técnico firmado por Germán Molina, quien alegaba que pretendía ser justo repartiendo puntos entre todos los candidatos.

«Especialmente nervioso»

Desde el PSOE también denunciaron en su día que el proceso estaba cuajado de irregularidades. La concejala del PSOE Marta Meléndez recordaba ayer cómo vivió el polémico proceso de adjudicación. «En todo momento durante la tramitación de este expediente, y especialmente durante la celebración de las mesas de contratación, el concejal del Partido Popular que presidía la mesa estuvo especialmente nervioso, hasta el punto de querer ocultar información y documentación a los miembros de la mesa. Incluso ordenó a una funcionaria del área de contratación que me impidiera conocer el texto de los informes de la oferta técnica y de la oferta económica antes de la celebración de la mesa».

Materia de polémica fue también que el pliego de las condiciones para la adjudicación de ese contrato se conociera «por personas ajenas al servicio de contratación y antes de que se licitara el concurso. Siempre hubo algo sospechoso en esta adjudicación, que el equipo de Gobierno no aclaró en momento alguno y ahora tras la apertura de diligencias penales por el juzgado, a instancias de la Fiscalía, esas sospechas se han convertido en, al menos, un asunto que requiere de un esclarecimiento judicial», aseguraba la concejala.