La asociación de Guardias Civiles denuncia identificaciones indiscriminadas de ciudadanos

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la apertura de 36 expedientes y dos imputaciones en los últimos dos años a agentes del Cuerpo Benemérito afiliados a este colectivo «exclusivamente por ejercer derechos fundamentales como los de expresión, reunión y asociación», sostienen desde la AUGC.

Uno de los «puntos álgidos de esta campaña de acoso» a los miembros del colectivo es la Comandancia de Cádiz, sostienen desde la asociación que citado como ejemplo el caso de Benito Romero, secretario de asuntos jurídicos, agente con una «hoja inmaculada de servicios de más de 20 años», que, en menos de dos meses, ha sido sancionado con cuatro faltas graves por «hacer peticiones o aseveraciones en contra de la disciplina».

Según explicaba ayer en rueda de prensa Alberto Moya, secretario nacional de la organización, este agente expedientado ha solicitado por escrito saber el motivo de la informatización de todas las identificaciones que se realizan durante el servicio de forma indiscriminada y sin interés policial alguno, en contra de la Ley de Protección de Datos y las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

También ha querido saber por qué se realizan controles en carretera con situaciones climatológicas adversas, ocasionando grave peligro para la circulación o grabaciones de vigilancias ficticias a fincas rurales «únicamente para disimular la falta de personal».

Dichas faltas, por acumulación, pueden llevar a este agente a la pérdida de su destino y, por tanto, al «destierro de él y de su familia de Cádiz». Para la AUGC supone: «Un ejemplo de la prohibición de expresarnos ni solidarizarnos con los problemas de los ciudadanos y de la imposición de sanciones injustas y desproporcionadas por ejercer el derecho de asociación profesional».

Por ello reclaman una «legislación específica» para el cuerpo, ya que se consideran «policías pero no soldados», al margen de la «remilitarización» impulsada por el PP con la aprobación del nuevo Código Penal Militar, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, por el que se les vuelve a aplicar a los guardias civiles penas de privación de libertad por «meras faltas administrativas».

Juan Antonio Delgado, secretario de comunicación de la AUGC, ha hecho hincapié, además, en que, desde la entrada de la crisis, de cada 1.000 agentes que se jubilan sólo se repone el 10 %.