El juez Castro se inclina por la imputación de la infanta Cristina

El instructor del 'caso Nóos' se inclina por imputar a la infanta Cristina por un presunto delito de blanqueo de dinero. José Castro anunciará su decisión, salvo sorpresa de última hora, hoy y pondrá fecha para la declaración de la hija del Rey en su juzgado. La resolución será recurrida con toda seguridad por las defensas de la duquesa de Palma y de Iñaki Urdangarin, y es posible que también se opongan la Fiscalía y la Abogacía del Estado, personada como acusación en la causa de la pieza separada 25 del caso Palma Arena. Unas impugnaciones que no impedirán que el magistrado interrogue a Cristina de Borbón.

Castro acabó de deshojar la margarita durante sus vacaciones navideñas y hoy, nada más reincorporarse a su despacho, hará pública su decisión, según sostienen fuentes jurídicas. El juez imputará a la hija del Rey un presunto delito contra la Hacienda Pública por las actividades económicas de Aizoon, la empresa inmobiliaria fantasma que posee a medias con su marido. De acuerdo a los informes que la Agencia Tributaria remitió al instructor, los duques de Palma invirtieron casi 700.000 euros de la compañía en reformas de su residencia en el barrio barcelonés de Pedralbes, y destinaron más de 250.000 euros a gastos menores, como viajes, estancias en hotel, comidas y fiestas familiares, entre 2004 y 2010.

Un dinero que presuntamente cargaron como gastos profesionales a Aizoon para su posterior desgravación ante Hacienda. Los investigadores tienen fundadas sospechas que esos recursos económicos procedían del vaciamiento financiero del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que dirigían Urdangarin y su exsocio Diego Torres, y que se adjudicó contratos con los gobiernos valenciano y balear por cerca de seis millones de euros para organizar los foros turístico-deportivos Valencia Summit, entre 2004 y 2006 a razón de 1,04 millones cada uno, e Illes Balears Forum entre 2005 y 2006 por 1,2 y 1,1 millones de euros.

Castro siempre ha defendido la necesidad de interrogar a la infanta Cristina para que la instrucción no quedara coja por la falta del testimonio de una de sus protagonistas. La duquesa de Palma fue vocal de Nóos y copropietaria de Aizoon. Por ese motivo y tras estudiar una ingente cantidad de informes de, entre otros, la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía decidió imputar por primera vez a la esposa de Urdangarin el pasado 3 de abril, pero la medida fue recurrida por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Palma, que paralizó la citación en mayo, si bien aconsejó al juez que profundizara la investigación fiscal por si hubiera indicios de delitos en ese ámbito.

A los nueve meses

Castro así lo hizo y nueve meses después volverá a citar como imputada a la hija menor del Rey. En este caso, según fuentes jurídicas, los previsibles recursos de las partes personadas no paralizará el proceso y no impedirá que Cristina de Borbón tenga que contestar a las preguntas del instructor. A diferencia de la primavera pasada, esta vez no hay acuerdo entre el juez y el fiscal para esperar a la decisión de la Audiencia de Palma de Mallorca antes de actuar. La instrucción ha abierto una sima entre Castro y Pedro Horrach, el representante de Anticorrupción en la causa, después de muchos meses de intensa colaboración.

La Fiscalía considera que «no hay un solo elemento de prueba» que relacione a la infanta Cristina con las presuntas «actividades delictivas» de su esposo en Nóos y Aizoon. Horrach reprocha también al instructor que construya su imputación en base a «meras conjeturas o sospechas». Anticorrupción recurre también a las conclusiones de la Agencia Tributaria, que habló de errores en las desgravaciones de la inmobiliaria entre 2007 y 2010 que en ningún caso superaron el umbral de 120.000 euros del delito fiscal. «No se han detectado ingresos sustraídos del deber de declaración», dijo Hacienda en su informe.

Pero Castro no lo ve así y considero que hay indicios suficientes para proceder al interrogatorio de la hija del Rey y de esa manera «evitar que la incógnita» sobre su papel en los negocios de Urdangarin «se perpetúe», según sostuvo en el auto del 9 de diciembre pasado, en el que dio a las partes un plazo de 15 días para que presentasen alegaciones sobre la imputación. Con el testimonio de la infanta, apuntan fuentes jurídicas, el instructor estará en condiciones de cerrar el sumario, salvo que en el interrogatorio surjan otras líneas de investigación.

Si el juez opta por acabar la investigación supondrá un alivio para la Casa del Rey, cuyo jefe, Rafael Spottorno, instó a Castro a cerrar «ya» una instrucción, que era un «martirio» para la Corona por el goteo de informaciones y filtraciones que no hacían más que deteriorar la imagen de la institución. La Zarzuela pidió el cierre sin esperar a que el juez resolviera sobre la situación de Cristina de Borbón y argumentó que hacia la solicitud porque ya se habían practicado «todas las diligencias que tenían que hacerse». Unas palabras que diversas fuerzas políticas, entre ellas IU y UPyD, interpretaron como que Spottorno pretendía «presionar» al juez.