Andalucía vetará los cigarrillos electrónicos en los centros públicos desde enero

La ministra de Sanidad, Ana Mato, llegó ayer a un acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para prohibir los cigarrillos electrónicos en lugares públicos, remitiendo al Congreso esta solicitud para que se legisle sobre ello. Andalucía, que se adelantó a la propuesta junto con las comunidades de Valencia y Cataluña, no esperará a la norma y desde enero prohibirá el consumo de cigarrillos en sus colegios y hospitales, según informó la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el foro nacional.

La consejera mostró su satisfacción por la coincidencia con el Gobierno sobre las dudas que hay sobre el cigarrillo electrónico, ya que no está demostrado que ayude a dejar de fumar y hay sospechas de que algunos de sus componentes pueden ser tan perniciosos como los del tabaco normal.

Igualdad y Salud elabora una disposición junto con la Consejería de Educación para regular la prohibición en los colegios. También realiza, desde la inspección sanitaria, un estudio de los contenidos de las marcas existentes y de la publicidad, por si esta es engañosa.

En el consejo nacional, Sánchez Rubio informó de que el Servicio Andaluz de Salud seguirá financiando los tratamientos de reproducción asistida a mujeres solteras. La consejera mostró su oposición a la orden del Ministerio de Sanidad que va a regular la cartera de servicios, ya que en las técnicas de reproducción asistida deja fuera de cobertura a las mujeres que no acrediten una pareja, sean lesbianas o no.

Sánchez Rubio cree que no se trata de una medida para ahorrar gasto, sino de un «criterio ideológico», según explicó a este periódico. Recordó que la ley obliga a la atención a las mujeres estén casadas o solteras. El ministerio sí parece haber recapacitado sobre el límite de edad, ampliando este.

Universalidad

La consejera advierte de que con medidas como esta el Gobierno «lesiona la universalidad de la sanidad pública». Andalucía ya ha tomado otras decisiones contrarias a las establecidas por el Gobierno en materia sanitaria. El SAS también decidió atender a los inmigrantes indocumentados cuando el ministerio de Ana Mato aprobó su expulsión del sistema público en la norma de 2012 que dictaba no prestar servicios a los no asegurados. Los centros médicos andaluces atendieron durante 2013 a 30.000 inmigrantes sin papeles, según la consejera.

El Ministerio rectificó en parte, al admitir a personas con enfermedades contagiosas para evitar problemas de salud pública, si bien los afectados deberán pagar la atención.

Sánchez Rubio también opinó en la reunión en contra de que la enfermedad mental se aborde como un problema de salud pública. «Nos ha costado mucho desde la reforma psiquiátrica quitar ese estigma», aseveró. La titular de Igualdad y Salud dice que ya el nuevo Código Penal de Alberto Ruiz Gallardón «estigmatiza» la enfermedad mental «como si fuera de peligrosidad».