Los profesores públicos corregirán los exámenes de las pruebas de reválida

No llegará a la «insumisión» o la «desobediencia» a que le instó el portavoz de IU, José Antonio Castro, pero sí habrá una batería de medidas para evitar los nocivos efectos que, a juicio de la Junta, tendrá la Lomce sobre la educación andaluza. La presidenta Susana Díaz avanzó algunas de estas, además de confirmar el recurso de inconstitucionalidad ya anunciado, en base a invasión de competencias contempladas en el artículo 21 del Estatuto.

Así, dijo que el profesorado de la enseñanza pública, funcionario, será quien aplique y califique las pruebas de evaluación final en los centros, es decir que serán quienes corrijan los exámenes de las reválidas impuestas por la ley, también los que se realicen en los colegios privados.

Los resultados de las pruebas no se harán públicos, para evitar el ranking de colegios. Además, dijo que los centros andaluces intervendrán en el diseño de las pruebas de evaluación.

La presidenta anunció que Andalucía incorporará al currículum medidas compensatorias, incluida la asignatura de Educación para la Ciudadanía, suprimida por la Ley Wert, para «favorecer una formación más humanista e integral».

Tampoco se pagará con dinero público a los centros que segreguen por sexo, afirmó, una larga batalla que en la comunidad se ha saldado con varias sentencias del Tribunal Supremo a favor de las tesis de la administración autonómica.

Contra la Ley de Seguridad

Asimismo, Susana Díaz dijo en la tribuna parlamentaria que el Gobierno andaluz no descarta emprender acciones legales contra la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Ejecutivo central. La presidenta cree que existe una «deriva autoritaria» del Gobierno del PP, pretende acallar las movilizaciones a través «del miedo y la mordaza», de una manera que recuerda a «etapas pasadas con leyes de orden público que ha costado mucho tiempo superar».

Díaz respondía así a la pregunta del portavoz de su grupo, Mario Jiménez, que repasó lo que consideró «ataques» del Gobierno de Rajoy a las libertades ciudadanas y que llamó «infame» y «mandarín pelmazo» al ministro Montoro.