Becerril abre una actuación de oficio sobre el conflicto de la dependencia de Jaén

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha ordenado abrir una investigación de oficio por el conflicto de la dependencia en el Ayuntamiento de Jaén. El alcalde de esta ciudad, el popular José Enrique Fernández de Moya, tomó la decisión de renunciar a la ayuda a domicilio incluida en la Ley de la Dependencia, debido al retraso en los pagos de la Junta de Andalucía. El alcalde aventuró que el año que viene «más consistorios dejarán de prestar el servicio».

El objetivo de dicha actuación, abierta «a principios de este mes de diciembre», es saber «qué está pasando», según confirmaron a Europa Press fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Español, después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, aludiera ayer en Jaén a esta iniciativa de su homóloga estatal.

Maeztu, por su parte, insistió en ofrecer su mediación y propuso que el Ayuntamiento siga prestando el servicio a cambio de que la Junta de Andalucía adquiera un «compromiso de pago» de la deuda acumulada y de «un flujo económico permanente» para el futuro. Propuesta que ha trasladado a ambas partes. «Si se ha renunciado a la prestación del servicio porque no hay compromiso de pago, hace falta que la otra parte se siente, ponga un compromiso de pago y salde su deuda», dijo. «El acuerdo es posible» una vez eliminado el motivo que originó la renuncia municipal, insistió. Para ello es necesario que «la deuda se quede a cero a final de este año», agregó.

El Defensor del Pueblo Andaluz mostró su «preocupación» porque las 422 personas dependientes de Jaén «reciban el servicio y puedan levantarse de la cama», así como por la situación de sus 200 cuidadoras. Y sobre la titularidad del mismo, dijo que es competencia municipal, según el reciente dictamen de la Fiscalía de Jaén, y que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales «contractualmente no puede gestionar una competencia que ahora mismo la tienen las administraciones locales». Y que si al final no hay acuerdo, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz «seguirá su investigación y realizará las recomendaciones que le corresponden para que ambas partes asuman su compromiso».

La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, contestó al Defensor del Pueblo que «primero estudie y vea legalmente a quién le corresponde cada competencia», pues el Ayuntamiento insiste en que la prestación de la Dependencia es de la Junta y que el Consistorio hará solo la parte que a su juicio le corresponde: recepción y tramitación de los expedientes, el Programa Individual de Atención (PIA) y el seguimiento de los dependientes.

La edil agradeció, no obstante, a Maeztu su interés y que le haya dado «la razón» en exigirle al Gobierno andaluz que pague. «Aunque nos hubiera gustado que se hubiera pronunciado cuando la Junta adeudaba dos millones al Ayuntamiento», remachó. En cuanto a la iniciativa de la Defensora del Pueblo Español, la concejala indicó que remitirá «en breve» la información requerida.

Pago inminente

Por su parte, la delegada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, Ángeles Jiménez, dijo que la Junta comparte con el Defensor del Pueblo Andaluz el «deseo e interés por proteger a las personas dependientes y las trabajadoras», pero que el alcalde de Jaén no ha querido escuchar su oferta de diálogo. Añadió que «antes de final de año» transferirá más de 400.000 euros, sumados a los 800.000 del mes pasado, y que la demora se ha debido a que Andalucía ha recibido este año 314 millones menos por los recortes del Gobierno de Rajoy en Dependencia. La delegada agregó que la Junta «intenta dar pasos firmes para que las personas dependientes reciban la prestación.