Anticorrupción pide 11 millones de fianza civil a dos abogados del «centro de lavado» de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía solicitaron ayer una fianza de responsabilidad civil de once millones de euros para dos abogados del despacho Estudios Jurídicos Villasís, el bufete que la jueza Mercedes Alaya considera el «centro de lavado» de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

Alaya interrogó ayer a estos dos letrados, Alfredo Jiménez y José Luis Leal, a quienes imputa por prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia, informa Europa Press.

José Luis Leal es hermano de Carlos Leal, socio del mismo despacho, a quien la jueza mandó a prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros el pasado mes de julio, cantidad que el encausado abonó en ese mismo momento. Su esposa, María Antonia Carrasco, que fue interrogada ayer por la jueza, se acogió a su derecho a no declarar aunque se fue con una imputación por cuatro delitos.

Asimismo, la jueza tomó declaración a dos trabajadoras de la aseguradora Vitalia, considerada también clave en la trama de sobrecomisiones. Se trata de Eva María Domínguez, que fue la secretaria del exdirectivo Antonio Albarracín, que estuvo encarcelado por este caso hasta que logró pagar la fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, y la responsable del departamento de contabilidad del holding.

Eva María Domínguez, que ocupó el puesto hasta 2005, ha sido imputada por tres presuntos delitos de falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En su declaración, la encausada dijo que los sindicatos «no frecuentaban» la sede de Vitalia y negó conocer si éstos facilitaban información sobre empresas en crisis.

La otra empleada fue Olga Pascual, responsable del departamento de contabilidad de Vitalia, a quien la juez ha imputado cuatro presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, aunque dijo que no existía una relación «periódica» con los sindicatos admitió que anualmente «sí se les realizaban varios pagos». Era el exdirectivo Eduardo Pascual actualmente encarcelado por estos hechos- quien «daba las instrucciones».