Manuel Ferrer, secretario de organización de UGT-A. :: EFE
ANDALUCÍA

UGT despide a un trabajador de su sede de Sevilla por borrar los archivos

Laureano Conde, afectado por el ERTE de la central, es también dirigente de la sección sindical de los empleados

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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Mientras el secretario de información de UGT-Andalucía, José Ginel, decía que la sanción al tercer trabajador expedientado por el borrado de archivos de sus ordenadores se comunicaría en los próximos días, la sección sindical de los trabajadores del propio sindicato comunicaba que el presunto culpable ha sido despedido. Se trata de Laureano Conde, que además de estar empleado en la administración de la central ocupa el cargo de secretario general de dicha sección sindical sevillana.

UGT-A culpa a Conde del borrado de 1.756 ficheros informáticos, un hecho que el sindicato alega que va a dificultar que justifique las facturas sospechosas de haber sido falsificadas.

Pero la sección sindical de los trabajadores de UGT rechaza por completo las acusaciones e incluso duda de que el borrado que la organización alega sea real.

Francisco Serrano, secretario andaluz de dicha sección sindical, considera que el despido es «injustificado y arbitrario» y arremetió contra el sindicato que «pretende usar a los trabajadores como cabeza de turco para intentar tapar sus presuntas irregularidades».

Laureano Conde, que está afectado por el ERTE del sindicato y suspendido de empleo desde el 1 de agosto al 28 de diciembre, recibió ayer por la mañana la carta de despido disciplinario como presunto autor de la destrucción de «importante y voluminosa documentación e información de la entidad, utilizando para ello un programa informático que impide identificar cuál ha sido la concreta documentación que ha sido borrada», indica un comunicado.

Gratis en internet

Sin embargo, sus compañeros alegan que el programa utilizado, llamado C-Cleaner, «se baja gratis de internet y solo borra los archivos temporales de internet y no los de cualquier otro tipo, lo que es fácilmente verificable por cualquier informático».

Francisco Serrano indicó que los trabajadores de la administración lo que hacen es introducir datos en sus terminales y éstos van a un servidor central que hace cada día copias de respaldo.

Asegura que la documentación informatizada del sindicato «está en soporte documental y no se ha podido perder».

Por su parte José Ginel, secretario de comunicación de la ejecutiva regional explicó que aunque hay un potente programa informático éste se compró recientemente, por lo que no contiene los documentos anteriores a la fecha de la compra. Las facturas investigadas corresponden a los ejercicios 2009 y 2010.

Ginel insistió en que toda la documentación en papel está en el archivo que la central tiene en Córdoba.

Además de Laureano Conde, el sindicato ha expedientado a otros dos trabajadores, uno de ellos una empleada de una empresa filial, Soralpe, que han sido amonestados porque no se les ha probado ninguna vinculación con el borrado de archivos, que denunció el pasado martes en rueda de prensa el secretario de Organización de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, que ocupa la cabecera de la ejecutiva regional tras la dimisión de Francisco Fernández Sevilla como secretario general, el viernes pasado.

Aún no hay fecha para la denuncia ante los tribunales del borrado, que Ferrer anunció para cuando terminaran de reunirse las pruebas de una investigación realizada ante notario y por una empresa especializada, indicó, para asegurar que el borrado de los archivos es algo parecido a los «discos duros del PP» en el alusión al caso Bárcenas.

Si denuncias no hay contrato

Por otra parte, el PP divulgó ayer una circular interna de la sección sindical de los trabajadores de UGT en Andalucía en la que se indica que los primeros en ser contratados para el programa Andalucía Orienta serán los compañeros que tengan el perfil que demanda el SAE «siempre y cuando no hayan interpuesto denuncia contra UGT».

La circular revela también graves dificultades para pagar las nóminas y hacer frente a los 700.000 euros a que le obliga la sentencia que rechazó la aplicación del ERTE, por lo que anuncia nuevos recortes.