La alcaldesa de Rota y su mano derecha se enfrentan a su tercera causa judicial

Rota: 29.136 habitantes. Un gobierno local en coalición (PP y Roteños Unidos) que llevan de la mano una década. Si bien, la alianza suma más años porque entre 1987 y 1996 también dirigió la Corporación. Esta estabilidad en lo político está acechada por la Justicia. Hasta tres procedimientos judiciales tienen abiertos el exalcalde Lorenzo Sánchez (RRUU), ahora mano derecha de la regidora Eva Corrales (PP) como primer teniente en la Alcaldía. La alcaldesa le acompaña como imputada en dos de esas causas que se instruyen en los juzgados de Rota por delitos como la prevaricación y la malversación. Ninguna corporación local de la provincia tiene al frente en estos momentos a un número 1 y número 2 que suman dos y tres imputaciones basadas en denuncias de la Fiscalía Anticorrupción. En ninguno de los dos casos ni sus respectivos partidos ni los propios investigados han planteado la dimisión.

Ayer comenzaron los interrogatorios en sede judicial por la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal contra Corrales, Sánchez y varios funcionarios del Ayuntamiento por supuesta prevaricación al saltarse la ley de contratos públicos y el régimen de incompatibilidades. Un empleado del Consistorio se estuvo beneficiando durante años del encargo para la confección de prendas como las bandas de las ninfas del carnaval, las dalmáticas de los maceros y demás elementos que engalanan los edificios municipales durante las fiestas.

Estos suministros, explica el fiscal Anticorrupción en su denuncia, fueron encargados por el Consistorio «prescindiendo de las normas más elementales» que deben seguir las administraciones a la hora de contratar como la convocatoria de un concurso y la elección de la oferta más ventajosa para el interés público. En lugar de articular este procedimiento, el Ayuntamiento de Rota le encargó los trabajos a un funcionario que tiene un taller en su casa. Entre 2007 y 2010, esta persona, también imputada en la causa, se embolsó presuntamente un sobresueldo de 42.363 euros. El empleado, muy conocido en la localidad por su vinculación con la Semana Santa, es ayudante administrativo y por su condición de trabajador del sector público está sujeto a un régimen de incompatibilidades y limitaciones que le impide, entre otros aspectos, hacer negocios con el Ayuntamiento que le tiene en plantilla.

Récord de horas

El fiscal señala a la que entonces era delegada de Fiestas, Eva Corrales, y al alcalde de haber burlado esas normas pagando al funcionario afín a través de horas extras. Así, este empleado llegó a computar en cuatro años todo un récord: 4.938 horas extraordinarias. Con picos de 'actividad' sorprendentes como las 267 horas que le abonaron sólo en agosto de 2010. En la denuncia que investiga el juzgado de Instrucción nº 2 de Rota se recoge cómo la jurisprudencia entiende estas gratificaciones como el pago de unos servicios extraordinarios y urgentes y nunca pueden constituir un sobresueldo.

Ocho personas constan como denunciadas inicialmente en este asunto. La mayoría de ellas declaró ayer en calidad de imputadas; si bien, no será hasta hoy cuando lo haga la alcaldesa y el primer teniente, junto al interventor municipal, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

Todos ellos ya prestaron declaración ante la Guardia Civil meses atrás. El Ministerio Fiscal le encomendó las pesquisas al Instituto Armado tras recibir el año pasado la denuncia que da origen a este asunto. Un escrito presentado por José Antonio García de Quirós, responsable de los servicios jurídicos de IU y miembro de la dirección provincial, puso sobre la pista a la Fiscalía. La información con las abultadas horas extraordinarias reconocidas al funcionario fueron facilitadas al partido por una persona anónima.

Según explicó el denunciante en rueda de prensa el pasado mes de abril, alguien dejó una copia de los cuadrantes en la sede del grupo municipal donde se recogía el importante desfase de horas extras entre el funcionario imputado y el resto de trabajadores municipales. Desde IU establecieron y cuantificaron la diferencia entre compañeros de la misma categoría: el administrativo al que le encargaron las prendas y otros enseres podría cobrar gracias a estas retribuciones «unos 2.500 euros más al mes».

No ha trascendido el contenido de las declaraciones de ayer en el juzgado; sin embargo, este periódico ha podido saber que ante los agentes, los implicados se escudaron en argumentos como el desconocimiento de la norma que les obligaba a realizar un contrato de suministro o que nadie les consultó sobre ese tipo de acuerdos extraoficiales. Algunos de los imputados calificó esos 'encargos' al funcionario como una práctica consolidada en el tiempo, que se estuvo llevando a cabo incluso antes de 2003, cuando gobernaba el PSOE. Pero las pesquisas se centraron sólo en el periodo que no corría riesgo de prescripción, según las mismas fuentes judiciales.