La cúpula de un Gobierno local que acumula imputaciones

La denuncia que lleva de nuevo hoy a los juzgados a Eva Corrales y Lorenzo Sánchez es la menos comprometedora y grave, en caso de condena. Una inhabilitación para el empleo o cargo público sería la pena probable a la que se enfrentarían ambos políticos si finalmente llegan a ser juzgados por este asunto. Sin embargo, esta investigación adquiere relevancia cuando se suma a otras que van añadiendo imputaciones al exregidor y a la actual alcaldesa. En los tres casos que se instruyen en estos momentos en los juzgados de la localidad, se pone en tela de juicio una forma de gobernar al margen de las leyes y un presunto enriquecimiento personal, en el caso de Lorenzo Sánchez, mediante la contratación de una serie de suministros a empresas de su entorno en 'el caso uniformes'. Corrales habría hecho la vista gorda según estas denuncias.

En todas las diligencias se indagan convenios y contrataciones irregulares para beneficio propio del exalcalde o para favorecer a un constructor próximo. Precisamente estas relaciones llevaron a los investigadores a indagar en la figura del funcionario que se ha venido beneficiando estos años del encargo municipal de prendas de carnaval y exornos por si estaba relacionado con la red de empresas investigadas en el 'caso uniformes' . Durante esa etapa de las pesquisas policiales, ambos asuntos estuvieron ligados para finalmente desunirse y desarrollarse en dos temas judiciales independientes.

Lorenzo Sánchez está imputado en esa supuesta contratación de empresas vinculadas a su persona para la adquisición de nuevos uniformes de la plantilla municipal; mientras que Eva Corrales ha declarado como testigo. Aseguró desconocer qué sociedades están relacionadas con su socio de Gobierno.

También el año pasado, la Fiscalía Anticorrupción denunciaba a la alcaldesa y a su mano derecha por tres convenios urbanísticos para urbanizar el nuevo polígono industrial Villa de Rota. El fiscal sostiene que desde el Ayuntamiento se benefició al constructor Felipe Castellanos. Esos convenios, según el Ministerio Fiscal, fueron una forma enmascarada de otorgarle una subvención directa a su empresa ya que el Consistorio asumió el coste de unos trabajos que no debió soportar. El fiscal actuó en este caso como en el llamado 'uniformes' a partir de sendas denuncias del PSOE.

El pasado mes de enero, los socialistas anunciaban que el constructor había comunicado al Ayuntamiento que iba a devolver los cuatro millones de euros que su empresa recibió en virtud de los citados convenios bajo sospecha. Un gesto que el PSOE tradujo como una prueba de las irregularidades.