La Justicia corrige a UGT

No solo está bajo sospecha la gestión contable del sindicato UGT en Andalucía y su particular forma de financiarse. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pone en entredicho también sus prácticas a la hora de aplicar entre sus empleados un expediente de regulación temporal de empleo. El Tribunal ha tumbado de un golpe el ERTE que aplicó a primeros de año a 57 trabajadores, cinco de ellos de la organización de Cádiz, por no cumplir con los requisitos mínimos. La central sindical no facilitó la documentación precisa a la sección sindical que defendía los afectados ni tampoco a la autoridad laboral, lo que, a juicio del Tribunal, «contraviene la buena fe de la negociación». Esta documentación es clave para el proceso, ya que debe recoger el argumento del sindicato para activar una regulación de empleo. La Sala también incide en que UGT omitió desde el primer momento el plan de viabilidad y la memoria inicial de 2012, lo que también contraviene la buena fe de la negociación. Resulta ilógico que un sindicato que, en teoría se dedica a defender los intereses de los trabajadores, realice estas prácticas torticeras con sus propios empleados. En este capítulo, el Tribunal también le da un varapalo, ya que señala que el fin de un sindicato es la protección social y, en este caso, no la cumple. Ante esta situación, el TSJA ordena la reanudación del contrato de trabajo, así como el pago de los salarios que han dejado de percibir los trabajadores. UGT no levanta cabeza, precisamente, desde que aplicó en su organización la reforma laboral del Gobierno de la Nación que tanto criticó en la calle y que le llevó a convocar dos huelgas generales. Además, su vinculación en la trama de los ERE por presunta financiación irregular ha terminado por darle la puntilla.