La Fiscalía abre el camino para expulsar de la carrera al juez del 'caso Blesa'

El controvertido juez Elpidio José Silva, instructor del llamado 'caso Blesa', tiene un futuro profesional bastante oscuro, una vez que la Fiscalía abrió ayer el camino para expulsarle de la carrera judicial. La herramienta para ello es una querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se le acusa de hasta cuatro delitos concretos, uno de prevaricación -dictar resoluciones injustas a sabiendas y que es el mayor reproche que se le puede hacer a un miembro de la judicatura-, otro de retardo malicioso en la administración de justicia y dos de detención ilegal por ordenar el encarcelamiento del citado Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.

La situación no ha sorprendido al protagonista, pues él mismo mostró días atrás de forma enigmática «cierta preocupación por las cosas que están pasando y la forma en que se están produciendo». Fue el 26 de junio y, aunque decía no tener «miedo», sí rumiaba ya la posibilidad de que se presentará una querella. Eso sí, pensaba entonces que el promotor sería el propio Blesa, aunque también el Ministerio Público había advertido de esa posibilidad tras las diligencias de investigación que abrió en su día a raíz de una denuncia de los abogados del exfinanciero por sus particulares métodos.

Y es que, según la Fiscalía de Madrid, lejos de obrar «conforme a Derecho», y «consciente» de que no podría obtener sus frutos -crear una «causa general» contra Blesa y, por extensión, Gerardo Díaz Ferrán, exconsejero de la caja al que se concedieron créditos aparentemente irregulares como «responsables de la crisis económica»- de otra forma, «impuso su propia voluntad, su deseo o su criterio sobre la interpretación racional de la ley». Abundando en esta severa acusación, desde el Ministerio Público estiman que sus actuaciones supusieron «una total colisión con las normas aplicables», desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta el Código Penal, pasando por la Constitución.

Y es que uno de los principales reproches que se le hacen al juez en la querella es que vulneró varios derechos fundamentales de Blesa sin que hubiera un soporte jurídico que lo argumentara. Desde el propio inicio del procedimiento -que se archivó dos veces antes de ser instruido porque la denuncia que lo originó era «muy genérica e imprecisa»- hasta las diligencias que ordenó -intervenciones telefónicas y de correos electrónicos, entre otras-, pasando por el doble encarcelamiento del exfinanciero, primero eludible con una fianza de 2,5 millones de euros y luego incondicional.

Sin base jurídica

Para la Fiscalía -cuya labor fue respaldada ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque «está siempre de acuerdo con el principio de legalidad y la independencia judicial, aún cuando está se pueda ver afectada por la decisión de un juez»-, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid no motivó la mayoría de sus resoluciones en este caso. Hasta el punto, según ella, de prolongar su forma «arbitraria» de actuar para no tramitar recursos de las defensas o quedarse irregularmente con otra causa «sin conexidad» (la compra de un banco en Florida por Caja Madrid).

Las penas previstas para los delitos que el Ministerio Público imputa a Silva -de 10 a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la prevaricación y el retardo malicioso (además de un máximo de 24 meses de multa), y hasta seis años más por la detención ilegal- implicarían su expulsión de la judicatura en caso de ser condenado, a semejanza con lo que ya ocurrió con Baltasar Garzón en febrero de 2012. No ocurriría, sin embargo, lo mismo con el resultado del expediente disciplinario abierto contra el juez en el CGPJ -por otros casos-, que seguramente se solvente la próxima semana con su suspensión de empleo y sueldo por cuatro meses.

Entre tanto reproche, la acusación -ahora ya popular, después de que el propio Silva admitiera hace pocas fechas otra querella suya por los mismos hechos- que representa el colectivo Manos Limpias acusó ayer a la Fiscalía de actuar «de manera vergonzosa» y ponerse «de parte del mayor depredador del sistema financiero», en referencia a Blesa. Su futuro judicial no está nada claro, pues la Audiencia Provincial de Madrid ha visto elementos para investigar su actuación. Eso sí, en una nueva causa (por los mismos hechos) y seguramente con otro juez.