Rajoy sube los impuestos al tabaco, el alcohol y las grandes empresas

«No nos gusta nada hacer esto, pero tenemos un déficit público que reducir». La frase del ministro de Hacienda resume el tono lastimoso con que Cristóbal Montoro encaró este viernes la impopular tarea de dar a conocer su última subida de impuestos -la quinta de la era Rajoy- a la población de un país en recesión y sumido en un duro ajuste de rentas. Esta vez el incremento fiscal afectará, sobre todo, a los tributos que gravan el consumo de tabaco y de alcohol, así como a los pagos al fisco de las grandes empresas vía impuesto de sociedades. Habrá también otro impuesto sobre los aparatos que emiten gases fluorados a la atmosfera.

El objetivo del Gobierno es incrementar en torno a 900 millones de euros la recaudación impositiva en 2013, además de elevar los ingresos en años sucesivos, explicaron fuentes del Ministerio de Hacienda. Para ello, además de castigar a las grandes empresas por la vía de eliminar deducciones en Sociedades, el Ejecutivo penaliza el consumo de productos que generan «externalidades negativas», es decir, efectos perjudiciales sobre la salud y, de paso, incrementos del gasto sanitario.

El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros eleva la tributación en un 10% de los impuestos que gravan el consumo de alcohol y bebidas derivadas. Quedan exentos del incremento la cerveza y el vino, por ser productos sometidos a una regulación fiscal específica.

El Gobierno recalcó en un comunicado que los tipos impositivos que gravan el alcohol en España son de los más bajos de la UE y que la última subida de tipos se produjo en 2005. «Esta imposición constituye también un importante instrumento al servicio de la política sanitaria», añadió en su justificación.

No lo ve así el sector de fabricantes de bebidas alcohólicas. La Federación de Bebidas Espirituosas calificó la decisión de «irresponsable y discriminatoria» y avanzó que es «la estocada definitiva a un sector que acumula un desplome del 40% en los últimos años». El aumento coincide, además, con el comienzo de la campaña turística estival.

En cuanto al tabaco, el decreto ley aprobado altera la imposición vigente para buscar un reequilibrio, de forma que pese más en la cuenta el tipo específico (que grava una cantidad fija por número de producto) respecto del tipo llamado 'ad valorem', que penaliza el consumo en función del precio de venta. «Teniendo en cuenta que se trata de un producto con elevadas externalidades negativas, el impuesto no dependerá tanto del precio del tabaco», señaló el Ejecutivo. De paso, Hacienda se asegura así que la recaudación oscile menos por los vaivenes del mercado.

Sociedades

En el caso de los cigarrillos, el tipo específico aumenta de 19,1 a 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos y se reduce el 'ad valorem' del 53,1% al 51%. El impuesto mínimo pasa de 123,97 a 128,65 euros por mil cigarrillos. Para la picadura de liar, el tipo 'ad valorem' no cambia, pero el específico pasa de 8 a 22 euros por kilo. La fiscalidad mínima de la picadura pasa del 68,5% al 75%, con lo que se recorta la brecha entre cigarrillos y picadura. Montoro calcula que la subida fiscal sobre el alcohol y tabaco aportará 700 millones más por año.

El Gobierno aprobó también para su remisión al Parlamento un proyecto de ley que modifica el Impuesto de Sociedades para suprimir la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o fondos propios de entidades, cotizadas y no cotizadas. La medida, que elevará la base imponible del impuesto, si bien es aplicable a todas las empresas, tendrá una mayor incidencia en las grandes corporaciones, por ser las que tienen participaciones significativas en otras empresas radicadas en el extranjero. Según Montoro, esta reforma aportará 3.650 millones de euros por año.

Por otro lado, se fija un impuesto indirecto sobre aparatos que emiten gases fluorados a la atmósfera (es el caso de los sistemas de aire acondicionado). La norma especifica que tendrán que pagarlo quienes fabriquen, importen o vendan estos artilugios, pero es problable que acaben repercutiéndolo sobre el consumidor. El tipo de este tributo, que entrará en vigor en 2014, se establecerá en función del potencial de calentamiento atmosférico de los productos. El Ejecutivo aspira a recaudar 340 millones de euros al año con esta figura.