Ruiz confía en que la Junta cumpla el compromiso adquirido con José Antonio

Los vecinos de José Antonio pueden respirar tranquilos. Eso es al menos lo que asegura el concejal municipal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz (PA). Según el edil andalucista hay que «dar un voto de confianza» a la Junta de Andalucía.

Su optimismo llega tras los últimos encuentros mantenidos con el delegado territorial de Fomento y Vivienda en la provincia de Cádiz, Manuel Cárdenas, quien ha mostrado «su preocupación en positivo para que salga bien todo lo proyectado», apunta Ruiz.

El compromiso con los actuales inquilinos de las viviendas de José Antonio pasa por su realojo en una promoción de viviendas que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) construye en el entorno de la Ermita de Santa Clara, junto a otra promoción municipal. Allí, se levantan 125 pisos que ya están en la última fase de construcción, algo que permitirá el posterior derribo del área desalojada, uno de los puntos calientes del mercadeo de la droga en la localidad.

Por tanto, y si la percepción del titular de Vivienda en el Ayuntamiento portuense es cierta, «el compromiso de colaboración entre Junta y Ayuntamiento», así como «lo acordado por ambas instituciones con los vecinos» será asumido, pese a las dudas suscitadas entre los vecinos en los últimos meses.

Recientemente, los representantes vecinales reunieron a los afectados en asamblea para informar sobre los escasos resultados derivados de varias reuniones mantenidas con el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas (IU), para concretar los realojos y las intervenciones sociales necesarias para que los nuevos inmuebles no se conviertan en un gueto, como ocurrió con la antigua Santa Clara.

Los representantes vecinales, José Oliva y Elena Corzo destacaron las dificultades encontradas a la hora de intentar concretar el cumplimiento del convenio existente entre la Junta de Andalucía y los vecinos desde 2009.

Así, Oliva y Corzo reseñaron que entre las discrepancias se encuentran algunas propuestas realizadas por el Gobierno andaluz «que no se atienen a lo recogido» en el documento suscrito entre las partes, con la excusa de «que no hay dinero». Para los portavoces vecinales «dichas propuestas van en prejuicio de los vecinos y de la intervención integral que hay que realizar en el entorno de Santa Clara».

El acuerdo alcanzado en su día con la Junta de Andalucía contemplaba la expropiación de las actuales viviendas localizadas en José Antonio, tasadas cada una de ellas en 43.660,80 euros, cantidad que sería entregada a modo de entrada para los nuevos pisos. A partir de ahí, quedaría luego pendiente el pago del resto del valor de la nueva vivienda, importe que será asumido por los propietarios.

El convenio también recoge, según expresa José Oliva, que «debido a la precariedad económica de los vecinos, una vez realizadas las expropiaciones de las personas que se van a trasladar a Santa Clara, se pueda cobrar en metálico al menos una parte de su precio para poder hacer frente a los gastos que ocasiona el cambio de vivienda».

Igualmente, se contempla la necesidad de acometer intervenciones sociales que den respuesta a los problemas de tipo socio-económico que viven los vecinos y el entorno donde se han ubicado los nuevos pisos, próximos a la barriada José Antonio, una zona de alta conflictividad social que tiene en las drogas su principal razón de ser.

Ahora, tras las dudas surgidas, parece que vuelve a verse la luz al final del túnel, a tenor de las palabras llegadas desde el Ayuntamiento. En los próximos meses se verá si todo es cierto.