El TSJA da la razón a UGT y acepta el ERE presentado contra 159 trabajadores

Los afectados por la regulación de empleo en el seno de UGT han perdido una batalla, pero no la guerra contra su propio sindicato. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció ayer en relación al conflicto colectivo suscitado en UGT-A donde se presentó el pasado 30 de noviembre un expediente de regulación de empleo que dejaba en la calle a 159 trabajadores del sindicato, 26 de ellos destinados en la provincia de Cádiz. Los afectados apelaron ante la Inspección de Trabajo, pero el caso quedó en manos del TSJA. El juicio previsto para el pasado 16 de mayo en Málaga pudo no haberse celebrado de haber mediado acuerdo entre ambas partes, pero no se produjo. La demanda planteada por la sección sindical de trabajadores de la organización quedó vista para sentencia y ayer se conoció el fallo. El TSJA ha desestimado el recurso presentado por los trabajadores que basaron sus alegaciones para tumbar el ERE en los balances económicos del sindicato, que reflejaban superávit.

Como se recordará el sindicato trató en el último momento de detener el procedimiento. Los representantes sindicales de los afectados por el ERE recibieron una propuesta, vía telefónica, que consistía, en esencia, elevar la cuantía de las indemnizaciones de parte de los empleados despedidos. La propuesta efectuada casi 'in extremis' fue rechazada por los trabajadores que, a través de su letrado, testigos y peritos, ofrecieron a la Justicia sus argumentos de por qué la medida drástica de recorte de personal aplicada por UGT debería declararse nula. Este periódico ha podido saber que los abogados de algunos afectados recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo. Los letrados persiguen la readmisión de sus clientes. El Tribunal ha considerado procedente y de acuerdo con la nueva reforma laboral la aplicación del ERE

La respuesta judicial en este caso es distinta a la sentencia del mismo TSJA con respecto al ERE que se ejecutó en el Ayuntamiento de Jerez: la improcedencia de la medida, que supone que la parte demandada tendría la potestad de reincorporar o de aumentar las indemnizaciones.

Los argumentos expuestos por los trabajadores en la vista oral de mediados de mayo ya fueron desgranados por LA VOZ en las últimas semanas, cuando difundió el contenido del informe pericial que elaboró una economista que testificó ante el juez. Dicho estudio arroja conclusiones demoledoras, no sólo acerca de una política de gastos injustificada y descontrolada que imputa a la dirección del sindicato, sino también la inexistencia de razones económicas para aplicar despidos, en virtud de las propias cifras que maneja la central. Hay que recordar que entre la documentación aportada por los trabajadores al tribunal se encuentra una auditoría encargada por la anterior ejecutiva regional. Este estudio de las cuentas del sindicato asevera que meses antes de declararse el ERE, la organización disponía de un superávit de casi un millón de euros.

La representación letrada de UGT-A aportó una previsión de gastos para el presente ejercicio, según la cual se agravaba la crisis económica que alega la organización. Sin embargo, no pudieron contradecir el contenido del informe pericial entregado por los trabajadores. El ya exsecretario regional de UGT, Manuel Pastrana, llegó a descalificar a la perito responsable de ese estudio, afirmando que no tenía «ni puñetera idea».