Generalitat y PSOE afilan el hacha de guerra contra la reforma de Wert

La Generalitat y la oposición han percibido como una declaración de guerra la aprobación por parte del Ejecutivo de la Lomce, la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, que consideran retrógrada e innecesaria. De modo que afilan el hacha para tomar parte en unas hostilidades en las que parece que no concederán tregua. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, clamaba ayer que no admitirá mas «OPAS hostiles de esta gente». Lo hacía un día después de la aprobación de la controvertida ley por el Consejo de Ministros. Dispuesto a llegar al Constitucional, Mas convocará en breve a partidos políticos y a la comunidad educativa en una cumbre en defensa del modelo de inmersión lingüística que acaba de tumbar la ley Wert. El PSOE amagaba de nuevo con denunciar los acuerdos con la Santa Sede si el texto no se modifica en su trámite parlamentario, según anunció ayer Alfredo Pérez Rubalcaba.

«No bajaremos la cabeza ante esta gente que quiere dividir y romper la cohesión en Cataluña», aseguró Mas apenas 24 horas después de la aprobación de una ley que obliga a la Generalitat a pagar un colegio privado a los alumnos que soliciten su escolarización en castellano y no dispongan de esta opción en los centros públicos y los concertados.

Caducidad

El presidente catalán insistió en que se enfrentará «a esta gente que nos hace este tipo de OPAS hostiles, que quiere dividirnos, que nuestros modelos se echen a perder, que quiere romper la cohesión social». Anticipó que lo hará «por vías democráticas, hasta las últimas consecuencias y en defensa de aquello que nos hemos ganado con el trabajo de muchos años».

«A quien se le hace una OPA hostil tiene legítimo derecho a defenderse y nosotros, con todos los medios que tengamos a nuestro alcance, defenderemos con uñas y dientes nuestro sistema educativo», aseguró Mas, de visita ayer en la localidad barcelonesa de Torrelavit. Se mostró dispuesto a encabezar la defensa del sistema de inmersión lingüística «que nos proporciona conocimiento de nuestro idioma propio desde hace muchos siglos, conocimiento de otros idiomas, y, además, cohesión social». Una fórmula educativa que según Mas «intenta que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, sean de familias de habla castellana o catalana».

Fue su consejero de Interior, Ramon Espadaler, quien precisó que el gobierno catalán llevará al Tribunal Constitucional la Lomce si no hay modificaciones sustanciales en su paso por el Congreso.

Por otra parte, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recurría de nuevo a su anunciada intención de modificar los acuerdos entre la Santa Sede y España si la ley Wert no se modifica en el Congreso. Unos acuerdos que a juicio de los socialistas consagran un trato de privilegio a la Iglesia católica y que Rubalcaba ya amagó con denunciar cuando el Gobierno anunció su reforma de ley del aborto, y en el transcurso del congreso federal en el que resultó elegido en 2012 como secretario general de su formación.

«¿Qué tiene que ver la calidad de nuestra educación con que la educación religiosa, la religión católica, puntúe para tener becas o para entrar en Medicina?», se preguntó Pérez Rubalcaba, que dejaba abierto el portillo de la improbable modificación en el trámite parlamentario de la ley Wert.

«Si la derecha nos lleva a los 80, los socialistas nos sentimos legitimados para viajar a los 80 y revisar el acuerdo con la Santa Sede», insistió el dirigente socialista durante su intervención en la jornada sobre 'calidad de la democracia' organizada por el PSOE en Oviedo. Quiso advertir que si se diera ese paso y se pidiera la denuncia de los acuerdos, la posición de su partido «será irreversible». «Si cuestionamos ese acuerdo en el Parlamento, lo haremos para siempre y cambiaremos los acuerdos cuando gobernemos», aseveró.

«La Iglesia ha ganado», dijo Rubalcaba para quien la ley Wert supone «la segunda gran reforma que cambia las reglas de juego, la reforma que más consenso ha logrado de todas, pero en contra». «Es pura ideología pero tiene fecha de caducidad», advirtió Rubalcaba, antes de pedir a los las editoriales que «no cambien los libros de texto, porque esta ley va a durar muy poco».