La Casa del Rey tendrá que ser igual de transparente que las demás instituciones

Gobierno y oposición llegaron ayer a varios principios de acuerdo que se traducirán en un fuerte acelerón en la tramitación parlamentaria de la ley de transparencia, una norma, a juicio del Ejecutivo, fundamental para la regeneración democrática y que podrá estar aprobada con un amplio consenso político antes de fin de año.

El principal compromiso surgido de la reunión a puerta cerrada celebrada ayer por el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, con responsables de todos los grupos parlamentarios es la inclusión de la Casa Real en la ley de transparencia, donde se integrará con las mismas exigencias y obligaciones de información y publicidad del resto de altas instituciones del Estado citadas en el artículo 2 del proyecto de ley, como son el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales Constitucional y de Cuentas o el Defensor del Pueblo, entre otros.

Hasta que se perfile el texto final de la norma no será posible detallar cuáles son exactamente estas obligaciones de transparencia, que al menos abarcarían a todos los gastos y actos de la actividad de la Corona pagados con dinero público, pero PP y PSOE sí afirmaron que la ley no otorgará al Rey «excepción alguna» respecto a las obligaciones establecidas para el resto de instituciones.

La ley creará un gran portal en internet en el que todos los organismos incluidos deberán publicitar toda su actividad -presupuestos, organigramas, informes, subvenciones, contratos, agendas, convenios, incompatibilidades, sueldos, dietas o bienes-, permitirá a los ciudadanos demandar información de estas mismas entidades, al tiempo que endurecerá las sanciones para todo aquel alto cargo que dilapide o malverse el dinero público o realice un uso espúreo de su puesto.

El segundo gran consenso alcanzado ayer fue que la norma, inicialmente diseñada solo para abrir a los ciudadanos las puertas a la actividad de las administraciones públicas, también extenderá las obligaciones de transparencia a todos los partidos, los sindicatos y organizaciones empresariales, y a toda entidad que tenga como fuente de financiación fundamental los presupuestos públicos. Uno de los trabajos que a partir de ahora deben realizar los grupos es fijar la fórmula que delimitará qué organismos, fundaciones o ONG entrarán en este paquete, en el que cada día es más alta la posibilidad de que quede incluida la Iglesia Católica así como los órganos de otras confesiones.

El tercer pacto general fue el calendario para la aprobación de la ley. Los grupos se comprometieron a que el pleno del Congreso apruebe en julio la norma, una vez acabado el período de debates y enmiendas, con el objetivo de que el proyecto llegue al Senado en septiembre y logre la ratificación definitiva antes de las navidades.

Sanciones

El clima de la reunión, calificado de positivo por PP y PSOE, permitió que el principal partido de la oposición no vaya a plantear de entrada una enmienda a la totalidad, postura que podría secundar CiU y quizás también el PNV.

No obstante, su principal portavoz en esta ley, Meritxell Batet, avisó de que este principio de acuerdo puede romperse si durante el proceso de enmiendas el Gobierno no atiende varias de las importantes objeciones al texto actual planteadas por los socialistas. Ayllón se comprometió a estudiarlas. Entre ellas está la demanda de una verdadera autonomía funcional de la Agencia Estatal de Transparencia -el ente que controlará la buena aplicación de la ley-, la imposición de sanciones a los incumplidores y la renuncia del Ejecutivo a ser la institución que sancione a los altos cargos autonómicos y municipales que infrinjan el código de buen gobierno. Está última es también una de las líneas rojas de CiU.

La principal oposición al proyecto va a proceder de IU y UPyD, que ya adelantaron que presentarán sendas enmiendas a la totalidad para la devolución del texto al Gobierno. La Izquierda Plural está convencida de que al final el control de la Casa Real será mínimo.