Los argentinos vuelven a la calle para rechazar la reforma judicial de la presidenta

A pesar de la falta de consenso, la controvertida reforma judicial propuesta por la presidenta argentina Cristina Fernández para «modernizar» el Poder Judicial avanza en el Congreso a paso firme. La oposición política, que votó en contra de todas las iniciativas, y diversas organizaciones de jueces y abogados amenazan con presentaciones ante los tribunales para pedir la declaración de inconstitucionalidad. Enojada con el funcionamiento de la Justicia, Cristina había propuesto al Congreso seis iniciativas para «democratizar» al Poder Judicial.

Las propuestas generaron apoyos y rechazos. Pero el intento del oficialismo de aprobarlas rápidamente, sin debate, y haciendo valer su mayoría en ambas cámaras, encendió todas las alarmas. Los proyectos se trabaron, hubo que aceptar introducir modificaciones, y así avanzaron. Pero aun así la oposición votó en contra y llamó a resistir la reforma.

Las propuestas apuntan a hacer públicas las declaraciones juradas de los jueces -como ocurre hoy con las de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Legislativo-, permitir el ingreso al Poder Judicial mediante examen de mérito -y no como ahora por contactos con integrantes de la magistratura- y dar a conocer el estado de los procesos judiciales por Internet, de manera que se puedan seguir las causas y saber en qué instancia quedan atascadas por largos períodos.

Pero junto a estas tres iniciativas que todavía están siendo discutidas, hubo otras tres que desataron una feroz disputa. Una propone regular las medidas cautelares, que ya fue aprobada en ambas cámaras sin un solo aval de la oposición. Otra es la creación de nuevas cámaras de casación -hoy existe esa instancia solo en el fuero penal-, que también fue sancionada con polémica y sin respaldo, y la tercera es la que reforma el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de seleccionar y de pedir la destitución de los jueces. Esta última todavía no pudo ser aprobada.

La propuesta de regular las medidas cautelares fue hecha a la medida de la disputa que el Gobierno mantiene con el grupo Clarín por la llamada ley de medios. El grupo de empresas se niega a desprenderse de licencias de radio y televisión -en las que estaría excedido según la norma que combate la concentración-. Mediante una medida cautelar, Clarín incumple la ley, en vigor desde 2010. Por eso la presidenta dispuso que se pongan límites temporales a ese tipo de recursos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, ambientales y civiles cuestionaron el proyecto. Advirtieron de que la norma iría en contra de las personas más vulnerables cuando busquen el amparo de la justicia ante atropellos del Estado.

Frente a ello, el oficialismo aceptó modificar la letra de la iniciativa a fin de resguardar derechos de sectores vulnerables frente al peligro de violación de un derecho a la vida digna, a la salud, la alimentación, o un derecho ambiental. Pero aun así, la oposición de todos los bloques votó en contra por considerar que el oficialismo solo busca avanzar sobre el Poder Judicial para controlarlo.

Elección de magistrados

Finalmente, la iniciativa que más rechazos tuvo fue la de la reforma del Consejo de la Magistratura, que aún no se ha aprobado. La mandataria propuso que el órgano, que tiene hoy 13 miembros, pase a tener 19. El consejo está integrado por jueces, abogados, legisladores, académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Cristina quiere que haya más académicos -seis en lugar de uno- y que todos los consejeros sean elegidos por el voto popular, y no como ahora que son designados por sus propios cuerpos colegiados. Eso va a significar que los jueces, abogados y académicos tendrán que hacer proselitismo junto a los partidos políticos.

La reforma también prevé que para pedir la destitución de un juez no se deberán exigir dos tercios de los votos del Consejo, como ahora, sino la mitad más uno, otra idea a la que se resiste fuertemente la oposición, que prometió que reclamará ante los jueces una vez que las seis normas sean promulgadas.