La Plataforma de Afectados por la Regularización muestra su malestar ante la situación urbanística

La Plataforma de Afectados por la Regularización Urbanística volvió a mostrar su malestar en relación a los asuntos en esta materia que tienen lugar en la ciudad.

En este sentido, destacaron que Chiclana «continúa exactamente igual que hace dos años» pese a que las Normas Sustantivas, que tienen como fin marcar las pautas urbanísticas de la ciudad hasta que se elabore un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, hayan pasado por el Pleno en varias ocasiones para su aprobación.

Junto a este asunto, desde la plataforma manifestaron que el equipo de gobierno continúa «deshojando margaritas» y no «dejan claro» si varias zonas del extrarradio podrán tener acceso a servicios básicos mediante la aplicación del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía. Asimismo, en relación al proceso de elaboración del nuevo PGOU, que el Ayuntamiento tiene un plazo de dos años para sacarlo adelante, los miembros de este colectivo vecinal destacaron que se han «solicitado reuniones de trabajo y siguen sin ser atendidas», añadiendo que tampoco tienen «señales» del avance del Plan General en el que trabaja la Delegación de Urbanismo.

Sin servicios básicos

La Plataforma de Afectados por la Regularización Urbanística tildó de «'cachondeíllo' o pitorreo» el anuncio que hizo el alcalde, Ernesto Marín, en relación a los avances de las Normas Sustantivas en el 'consejillo' para pasar a su aprobación en el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía y, posteriormente, en el Consejo de Gobierno de la administración autonómica. «Sobre todo, -añadieron- tras la celebración del Día Internacional del Agua en Chiclana Natural o la publicación a bombo y platillo de la última encuesta del servicio de agua, donde el 85% de los chiclaneros están conformes. Eso sí, con más de 15.000 viviendas sin servicios básicos y comprando botellas de agua».

Por eso, reivindicaron que estos ciudadanos afectados «siguen luchando con recursos ante la administración porque les cobran el IBI urbano, a cambio absolutamente de nada, y para más 'inri' en suelo con categoría de rústico».

En este contexto, afirmaron que la Delegación de Urbanismo, que dirige la edil del PVRE, Marisol Ayala, «no duda un ápice en aplicar esta categoría de suelo en los continuos expedientes sancionadores que se publican diariamente en el BOP, lo cual ha llevado a triplicar los ingresos previstos por sanciones urbanísticas en el presupuesto».