La ciudad se suma al fondo de viviendas sociales de la Femp

El delegado municipal de Vivienda, Andrés Núñez, anunció ayer que la localidad se unirá al fondo de viviendas sociales promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). Esta medida consiste en poner pisos vacíos en régimen de alquiler, propiedad de entidades bancarias, a disposición de ciudadanos en circunstancias de especial vulnerabilidad y que hayan sufrido un desalojo desde enero de 2008.

Tal como explicó el edil, esta decisión se ha llevado a cabo tras analizar la viabilidad de la implantación de este proyecto en Chiclana, como se ha hecho a nivel nacional. «Tras este análisis, entendemos que resulta positivo adherirse a la propuesta de la FEMP y facilitar el alojamiento en régimen de alquiler para familias con circunstancias económicas especiales», agregó.

En este sentido, Núñez informó de que las estimaciones sobre esta medida son que habrá «unas 1.100 viviendas en la ciudad susceptibles de ser utilizadas mediante un alquiler social que rondaría los 150 y 400 euros». El proyecto, que cuenta con la conformidad con los Ministerios de Economía y Competitividad, Asuntos Sociales y Fomento; así como con el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector, se circunscribe a determinadas entidades bancarias.

Según las condiciones que establece la propia Femp, podrán ser arrendatarios quienes hayan sido desalojadas de su vivienda habitual como consecuencia de una demanda de ejecución por impago del préstamo hipotecario iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas; que el desalojo se haya producido a partir del 1 de enero de 2008 y que en el momento de presentar la solicitud se encuentre en determinadas circunstancias económicas y familiares o en un supuesto de especial vulnerabilidad.

Por otro lado, las condiciones de alquiler fijadas en el proyecto incluyen una renta comprendida entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Y una duración del contrato de dos años, prorrogable un año más salvo que la entidad arrendadora, tras una revaluación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, considere que ya no se cumplen.

Los solicitantes de una vivienda del fondo deberán dirigirse a la entidad de crédito, las cuales priorizarán los casos de mayor necesidad o riesgo social, según informes de los servicios sociales del Ayuntamiento o la Diputación. Las viviendas serán asignadas antes de finalizar cada trimestre y el proceso empezará el 31 de marzo próximo.