Chipre se replantea la tasa sobre los depósitos para desbloquear el rescate

Nuevo giro en las agónicas negociaciones para evitar la quiebra de Chipre. El ministro de Finanzas de la isla, Michael Sarris, admitió ayer que vuelven a replantearse la posibilidad de imponer una tasa a los depósitos bancarios para desbloquear el rescate de la UE. El impuesto, que fue rechazado el pasado martes por el Parlamento de Nicosia, permitiría recaudar los 5.800 millones de euros exigidos por los socios comunitarios para aprobar el salvavidas. El Gobierno chipriota se vio obligado a dar marcha atrás ante el creciente riesgo de que el lunes se cumpla el ultimátum del BCE y sus bancos se desplomen por falta de liquidez. Alemania, por su parte, dio nuevas muestras de que no cederá con las condiciones marcadas y dejaría caer al país en la bancarrota, una perspectiva que provocaría su irremediable salida del euro.

El titular de Finanzas corroboró el cambio de postura del Ejecutivo tras su llegada desde Moscú, donde ha pasado los dos últimos días negociando con el Kremlin. Nicosia pretendía que Rusia le ayudara a acceder al rescate comunitario con un crédito de urgencia o inversiones en sus yacimientos de gas. Pese a sus esfuerzos, la isla descubrió que se ha quedado sola en el tira y afloja para lograr el salvavidas. El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, insistió en que no han cerrado la puerta a su socio mediterráneo, pero le pidió que alcanzara primero un acuerdo con la UE. La opción del gigante eslavo había tomado cuerpo porque sus ciudadanos serán los más afectados si se aplica una quita a los depósitos. Se calcula que guardan al menos 15.000 millones en el país por los elevados intereses ofrecidos.

Conversaciones maratonianas

Una vez constatado el 'no' de Rusia, el ministro de Finanzas no tuvo más remedio que aceptar la realidad. «Debemos discutir si una tasa a los depósitos podría ser la contribución definitiva para cerrar el rescate», indicó en referencia a las maratonianas negociaciones emprendidas en el Parlamento. Las conversaciones con la troika -BCE, Comisión Europea y FMI- continúan abiertas, mientras aún se trabaja sobre el acuerdo rechazado por la Cámara. La gran diferencia sería que las cuentas con menos de 100.000 euros quedarían excluidas del tajo. La vulneración de este límite, protegido por la legislación comunitaria, levantó una oleada de críticas en la UE y llevó al Eurogrupo a rectificar su posición inicial, pidiendo a Nicosia que se centrara en las rentas más altas.

La petición del club de la moneda única no convenció al Gobierno chipriota. En un intento por proteger su centro financiero y no asustar a los millonarios rusos, el Ejecutivo planteó a los parlamentarios una tasa progresiva que solo libraba del hachazo a los ahorradores con menos de 20.000 euros. Con el agua al cuello y el riesgo de quiebra acechando, el presidente, el conservador Nicos Anastasiades, se muestra más flexible. La propuesta que se debatía con la troika implicaba aumentar sustancialmente el impuesto a los depósitos más abultados. En su cita de la semana pasada, el Eurogrupo ya fijó un tipo del 9,9%, un tajo que con los últimos cambios podría ascender al entorno del 15% con tramos diferenciados.

La troika, que en los últimos días ha tenido muchas dificultades para comunicarse con Nicosia, aguardaba medidas adicionales. Pese al incremento en el gravamen, las cifras no daban para alcanzar los 5.800 millones exigidos. Incluso se especulaba con que los socios habían reclamado otros 900 millones extra como colchón de seguridad. Y si el aumento de la factura se materializa, tampoco puede descartarse un elemento de castigo por la tensión vivida.

Fondo de solidaridad

Para cubrir el agujero restante, se barajaban distintas alternativas. La defendida por el Gobierno isleño pasa por la puesta en marcha de un fondo de solidaridad con contribuciones de todo tipo. El Ejecutivo buscaba reforzar este depósito con la nacionalización de las pensiones de los funcionarios, pero la UE se negó.

Los socios preferían que Nicosia siguiera la vía de reestructurar a fondo su sobredimensionado sector financiero. El Banco Central de la isla anunció el jueves que enviaría al Parlamento una normativa para poner en marcha la liquidación de Laiki, la segunda mayor entidad nacional. Desde Bruselas se reclamaba que esta legislación fuera «genérica», lo que permitiría al Gobierno contar con poderes para trocear y distribuir las distintas líneas de negocio de otros bancos. La Comisión también exigió la inmediata aprobación de otro reglamento que avale al Ejecutivo para imponer restricciones al movimiento de capitales. El objetivo es que el país esté preparado el martes, día en el que podría levantarse el 'corralito', para frenar una salida masiva de fondos.

Los planes del Gobierno se ultimaban ayer para su posterior votación en el Parlamento, donde salió adelante la propuesta de un Fondo Nacional de Solidaridad y una ley para restringir las transacciones financieras, parte del 'plan B' para salvar sus finanzas. Y es que la isla se enfrenta a una decisión histórica que marcará su futuro. Si no saca adelante las exigencias del rescate, el BCE cortará a partir del lunes los fondos de emergencia que mantienen a flote al sector bancario.

En caso de derrumbamiento, los expertos vaticinan su regreso a la libra chipriota para superar la hecatombe. Angela Merkel parece no temer este escenario. Con su Gobierno convencido de que el resto de la Eurozona no se vería afectada, reclamó que no se ponga a prueba la «paciencia» de la troika.