Las empresas podrán impugnar cualquier ley autonómica que fragmente el mercado interior

España vuelve a caminar hacia el mercado común, aunque en este caso sea el interior. El Gobierno de Mariano Rajoy dio luz verde ayer al anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, con el que pretende poner fin a la actual maraña legislativa, formada por cientos de normas autonómicas y municipales, a veces contradictorias entre sí, que dificultan la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. El texto, además, faculta a las empresas para impugnar ante las autoridades reguladoras de los mercados y de la competencia cualquier normativa que en adelante puedan adoptar estas administraciones si provoca una fragmentación de la unidad de mercado.

La ley está inspirada en el modelo aplicado desde hace dos décadas en la Unión Europea para garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre estados miembros. Su base son los principios de licencia única y legislación de origen. En líneas generales, establece que cualquier producto o servicio producido al amparo de la normativa de una determinada comunidad autónoma podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámites adicionales como licencias o requerimientos autonómicos en materia de especificaciones técnicas, envasado o etiquetado.

Una vez aprobada, los agentes económicos solo necesitarán pedir una licencia en una comunidad autónoma y podrán comercializar sus productos o concurrir a concursos públicos para la prestación de servicios en todo el país. Y las comunidades o ayuntamientos no podrán, como hacían hasta ahora en muchos casos, exigir por ejemplo que el aspirante a adjudicatario de una determinada obra o servicio sea una empresa de su entorno o con la sede social dentro de sus límites territoriales.

El Ministerio de Economía asegura que el principio de licencia única elimina en la práctica los costes asociados a tener que someterse a hasta 17 regulaciones distintas para operar en toda España, lo que redundará en más competitividad. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cifró -a partir de cálculos de la Secretaría de Estado de Economía- en 1.500 millones de euros anuales durante una década (es decir, 0,15 puntos del PIB al año o 1,52 puntos en diez años) el crecimiento de la economía que provocará esta medida.

Diecisiete regulaciones

Pero el objetivo último es hacer la vida más fácil a las empresas para estimular la inversión. Aunque pueda parecer exagerado, con la legislación ahora en vigor podría llegarse a una situación en la que una botella de agua mineral requiriese 17 etiquetados distintos o que un determinado modelo de máquina recreativa tuviese que fabricarse en otras tantas versiones para poder ser instalada en los bares de todo el país, por citar dos ejemplos mencionados por Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros. «Eso no parece razonable», constatan fuentes del Ministerio de Economía, que aseguran que el certificado otorgado por una sola autonomía debe ser suficiente para que esa agua se considere saludable o ese artilugio recreativo sea catalogado como seguro en todas las demás comunidades.

El mismo principio regirá para la prestación de servicios por parte de determinados profesionales: a un fontanero, por ejemplo, le bastará con estar registrado en su comunidad de origen para poder trabajar en la región de al lado o en cualquier otra. Eso sí, las condiciones en las que preste sus servicios estarán sujetas a la legislación vigente allí donde realice el trabajo. El Ministerio de Economía considera «razonable» que la nueva ley entre en vigor en un plazo de «cinco o seis meses».

La nueva norma creará el Consejo para la Unidad de Mercado, presidido por el ministro de Hacienda y en el que estarán representadas todas las comunidades. El órgano analizará y pactará líneas de trabajo para evitar problemas en materia de unidad de mercado.

Habrá, asimismo, una ventanilla única ante la que podrán las empresas formular sus quejas cuando crean que una norma o sanción autonómica vulnera la unidad de mercado. La comunidad en cuestión deberá dar una respuesta en el sentido de si cambia o no su normativa. En ese último caso, si la compañía no se diera por satisfecha, podrá trasladar su queja a la futura Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Este organismo deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la solicitud. Si la admite a trámite, interpondrá recurso ante la autoridad judicial, lo que podrá acarrear la suspensión automática del acto o sanción recurridos.