Educación niega que prepare una inspección paralela ni externalizada

El plan de evaluación de la calidad educativa presentado el jueves por la consejera andaluza, Mar Moreno, el llamado Plan Plurianual para la evaluación general del sistema educativo andaluz (2012-2016) ha levantado las suspicacias de los inspectores encuadrados en la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE-Andalucía), que han anunciado recurso porque consideran que propicia una inspección «paralela» y una «externalización» del servicio que tienen encomendado. Sin embargo, la Consejería asegura que en ningún caso se contempla estos supuesto y recalca que el modelo se apoya en el cuerpo de inspectores, «fundamental en el desarrollo de los planes que diseña la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa».

La Consejería explica que esta agencia es un órgano diferenciado en sus competencias y atribuciones de la Inspección, pero que ésta «participa activamente y seguirá realizando todas aquellas tareas relacionadas con la evaluación que le atribuye la ley».

El presidente de ADIDE, Ángel Ruiz Fajardo, afirma que el plan supone de facto «el desarrollo por evaluadores externos de funciones de supervisión que la ley atribuye exclusivamente a la inspección» y que «abre la puerta» a que la Junta cree una «inspección paralela», con la consiguiente duplicidad de funciones y aumento del gasto público.

Educación asegura que «ni el plan de evaluación ni la normativa de la Consejería contempla la existencia de evaluadores externos, ni se prevé ningún tipo de externalización de las actuales competencias» de los inspectores.

Pero Ruiz Fajardo mantiene sus reservas a un sistema que, dice, perseguiría «externalizar» la evaluación del sistema y de parte de las funciones de la inspección educativa mediante agencias públicas o empresas privadas, sin garantía de independencia y que se encargarían de evaluar centros y docentes del sistema educativo andaluz, acreditando, o no, buenas prácticas sin explicar las consecuencias que de las mismas se desprenderían para colegios y docentes acreditados o «desacreditados».

La Consejería asegura que no será así: «el contenido del plan plurianual descarta y se opone por completo a la publicación de cualquier tipo de ranking o clasificación de centros o profesorado».

Por otra parte la patronal de centros concertados Escuelas Católicas de Andalucía advirtió a la Junta que el «cambio estratégico» en la renovación de conciertos ha de tener en cuenta el actual marco legislativo. La «lectura política que se quiere hacer de la renovación», dice, «tiene que respetar el derecho de los padres a la libertad de enseñanza», que está en la Ley.