UNA CORONA CON BLINDAJE POLÍTICO

Fue una escenificación rompedora la del pasado 24 de diciembre: el Rey, a punto de cumplir los 75 años -los hizo ayer- y con 37 de reinado a sus espaldas, reclinado en la mesa de su despacho, mientras apartaba relajadamente los papeles del discurso de Navidad para enfrentarse a la cámara. Lo de todos los años, pero con otro ritmo. Oros viejos en paños nuevos. Una muestra más de los esfuerzos de la Corona, institución secular donde las haya, para adaptar su imagen a las exigencias de una sociedad muy cambiada. La duda, en los círculos del poder, es si gestos de ese calibre serán suficientes para que la Monarquía remonte la crisis en la que está sumida.

Resulta complicado evaluar con rigor el impacto de la campaña de modernización que arrancó con el nombramiento de Rafael Spottorno como jefe de la Casa del Rey y de Javier Ayuso como responsable de comunicación. Pese a la promesa de más transparencia, traducida en la publicación parcial de las cuentas y una página web dinámica e interactiva, todo lo que tiene que ver con la Monarquía goza aún de un blindaje y un secretismo impensable para otra institución democrática.

La Zarzuela, que desde hace meses monitorea la evolución de la opinión pública, se niega a facilitar ninguno de los datos que maneja, más allá de la afirmación genérica, y no contrastada, de que el capítulo de Botsuana ha quedado atrás en la mente de los ciudadanos. El Centro de Investigaciones Sociológicas no ha hecho la más mínima pregunta sobre el Rey o sobre la Corona desde que el barómetro de octubre de 2011 recogió el primer suspenso a la Monarquía, un 4,89, apenas unos días antes de que Iñaki Urdangarín fuera imputado por el 'caso Noós'. Y tanto PP como PSOE han hecho lo posible por no agitar las aguas frenando preguntas en el Congreso de grupos minoritarios como IU o ERC.

Que para la ciudadanía don Juan Carlos no es ya esa figura intocable que había que preservar por encima de todo para garantizar la estabilidad de la democracia quedó nítidamente claro el pasado abril. En realidad, no tenía nada de novedoso que viajara a un país lejano, sin rendir cuentas ni dar detalles al Gobierno, para participar en una elitista cacería de elefantes. Y, sin embargo, esta vez la aventura se convirtió en una tropelía intolerable que le obligó a, por primera vez en su vida, pedir perdón. No solo eso, aquellos días saltó por los aires el tabú que se extendía sobre su vida íntima.

Lo cierto es que si hay que fiarse de los sondeos privados de los últimos meses, y de los algo desfasados datos del CIS, la mayoría de los españoles apoya la monarquía parlamentaria como forma de gobierno idónea, pese a su desgaste. La última vez que el instituto público preguntó por la oportunidad de acometer una reforma constitucional fue en 2010. Un nada desdeñable 54,1% de los consultados se mostró a favor. Pero de ellos, apenas un 3,1% dijo quererla para cambiar el tipo de jefatura de Estado.

Sin preguntas ni respuestas

Ser más preciso es imposible. Desde 1982 no se ha preguntado directamente a los españoles si son más partidarios de una República. Pero es evidente que en las altas esferas del poder aún existe cierto temor atávico a remover este debate... por si las moscas. Ni la edad del Rey ni sus problemas de salud les han hecho reaccionar. En parte, porque él ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de abdicar en el Príncipe de Asturias, cuyo grado de aceptación ciudadana, por cierto, tampoco ha sido medido con sondeos oficiales desde hace tres lustros.

Los episodios vividos a lo largo del último año han hecho evidente algo que, hasta ahora, no parecía preocupar a nadie. En España no existe una ley que regule el funcionamiento de la Corona y que dé respuestas a cosas como cuáles deben ser las atribuciones del Príncipe heredero y cuál es su papel en caso de que el Monarca esté de baja (este año lo ha estado dos veces, la última hasta hoy como consecuencia de sus operaciones de cadera); si debe ser aforado o no; qué ocurre si los Reyes de España se divorcian; cuáles son las obligaciones e incompatibilidades de la Familia Real y cuál es la diferencia entre esta y la familia del Rey, o cómo han de gestionarse las abdicaciones o renuncias.

La Constitución contempla en su artículo 57.5 la aprobación de una ley orgánica sobre algunos de estos aspectos. Jamás se ha desarrollado y fuentes del Gobierno admiten que no están por la labor de hacerlo ahora. «Ya se verá si se abordan esos asuntos cuando se plantee la reforma de la Constitución», apuntan.

Santiago Carrillo llamó al Rey Juan Carlos 'el Breve' a modo de pronóstico. El suyo es ya el tercer reinado más largo de la historia de España y si de los dos partidos mayoritarios depende, aún durará. El papel del PSOE, que se tragó su tradición republicana en pro de la estabilidad, es clave en este sentido. Ahora está en pleno proceso de renovación ideológica. Y, según el encargado de pilotar las ponencias, Ramón Jáuregui, todas las posiciones serán sometidas a revisión. Pero el apoyo a la monarquía parlamentaria no está en cuestión, otra cosa es su «actualización». «De lo que se habla es de incorporar más transparencia, regular aspectos de la sucesión, dar estatus jurídicos a la figura del Príncipe y equiparar a la mujer y al varón en la línea sucesoria, no de la forma del Estado», aclara.