Los pacientes pagarán entre 20 y 40 euros por las sillas de ruedas

Los pacientes deberán pagar entre 20 y 40 euros para acceder a la prestación de material ortoprotésico suplementario, como collarines, fajas, férulas y audífonos, así como sillas de ruedas, que representan una tercera parte de todos estos productos. Así figura en el borrador de una orden del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que establece la actualización del catálogo de prestaciones y los topes máximos de aportación del usuario. La norma se debatirá con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que se celebrará el 20 de diciembre. La norma prevé que el usuario abone un 10% del precio de oferta del producto en los subgrupos de aportación reducida, con un límite máximo de 20 euros por prescripción, que no por artículo. De esta manera, una prescripción puede incluir unas muletas y una silla de ruedas, por poner un ejemplo.

En el apartado de productos de aportación reducida se incluyen los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos, además de los grupos de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas), entre otros. Para los restantes productos, entre los que se hallan las muletas, los asegurados activos y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, abonarán un 50%, con un tope de 40 euros por prescripción. Por su parte, los pensionistas tendrán que pagar un 10%, con un límite máximo de 30 euros.

Préstamos y alquiler

El borrador prevé que las comunidades autónomas podrán establecer el préstamo, alquiler y recuperación de los artículos. Para rentas superiores a 100.000 euros el texto no establece un límite mensual ni un porcentaje que se deba pagar. Sin embargo, el real decreto, actualmente en vigor, señala que tendrán que abonar hasta un 60% del precio de oferta del producto los usuarios, sin especificar tampoco el límite máximo de aportación.

Quedarán exentos de contribución los enfermos afectados por el síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados incluidos en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.

La orden especifica que en el caso de que un usuario necesite varios productos de tipos diferentes para tener acceso a una determinada prescripción final, todos ellos se indicarán conjuntamente, de manera que supondrán a todos los efectos una única prescripción.

La renovación de los productos solo podrá efectuarse cuando no sea debida al mal trato del producto por parte del usuario, en las condiciones que determine la Administración sanitaria competente en la gestión de la prestación ortoprotésica.

Para la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), los apartados de la prestación ortoprotésica que quedan por regular deberían permitir a todas las personas con discapacidad disponer de los dispositivos y productos que necesitan para mantener o mejorar sus condiciones de salud, su integración y participación social. «Y dado que habrá personas que no estén exentas de copago, la aportación que estos realicen debería ser simbólica», apostilla la organización de discapacitados.

A la hora de aprobar la prestación, se tendrá en cuenta la edad del paciente, la situación laboral y social, el grado de autonomía personal y la evolución previsible de la patología, entre otros factores. Para controlar la dispensación de materiales y su facturación por el sistema nacional de salud, cada unidad de venta de los productos irá provista de un precinto identificativo con los datos y las características del artículo. Sanidad pretende conocer el mercado ortoprotésico susceptible de financiación por el sistema sanitario. Para ello se crea un registro informático de empresas suministradoras susceptibles de cubrir la oferta.