Pacheco logra su objetivo de sentar en el banquillo a su rival Pilar Sánchez
La jueza ordena abrir juicio oral contra la exregidora por la denuncia del líder de Foro Ciudadano, que le acusa de enchufar a personas afines al PSOE en el Consistorio
| CÁDIZ. Actualizado: Guardar«Que se vaya preparando porque seré implacable. Va a salir muy, muy trasquilada». Este severo aviso le lanzó Pedro Pacheco a Pilar Sánchez tras ser denunciado por la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2008. La base de esa acción judicial estaba en la amplia documentación facilitada por el Ejecutivo local, cuando tenía el bastón de mando la exregidora socialista, en la que se señalaban irregularidades en la gestión del que fuera su socio de gobierno entre 2005 y dos meses antes de las elecciones municipales de 2007. La respuesta de Pacheco fue devolverle la jugada con una denuncia por los mismos motivos: enchufar a personas afines al partido, en este caso el PSOE, en la nómina municipal. Una denuncia que finalmente va a sentar en el banquillo a Pilar Sánchez, cumpliéndose así el objetivo que se había marcado su otrora rival político.
La jueza instructora del nº3 de Jerez ha dictado apertura de juicio oral contra la exalcaldesa socialista, cinco asesores que habrían sido contratados de forma irregular y un técnico del Serjil (Servicio Jerezano de Inserción Laboral) por haber colaborado presuntamente en el delito de prevaricación, facilitando la entrada de esos trabajadores en la nómina municipal. La vista se celebrará en la Sección Octava, con sede en Jerez, de la Audiencia.
En el juicio, Sánchez se enfrentará a la acusación popular que ejerce Pacheco y que pide hasta 23 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, según el escrito que ha presentado el letrado de Pacheco, Felipe Meléndez. Le acompaña en esa acusación, el otro querellante, José López Benítez -exdelegado municipal de Urbanismo en la etapa de Pacheco como alcalde- y que también consta en la denuncia de Anticorrupción. Sin embargo, la Fiscalía no solicitará condena alguna.
Durante este procedimiento, el Ministerio Público ha solicitado hasta en dos ocasiones el archivo de la causa porque considera que no hubo irregularidades en los cinco contratos bajo sospecha y que en todos los casos justificaron su labor encomendada. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a este medio que ante el auto dictado por la magistrada, no habrá modificación en sus argumentos y solicitarán la libre absolución de los seis acusados.
El letrado de Pedro Pachecho criticaba ayer la postura «tan distinta» que mantiene la Fiscalía en dos asuntos que consideran casi gemelos: «a Pachecho le piden casi 23 años de cárcel por supuesta contrataciones irregulares mientras que en esta denuncia no ve delito alguno». Felipe Meléndez hace referencia a la petición de pena que formula la Fiscalía Anticorrupción contra el líder de Foro Ciudadano, al que acusa de haber enchufado a dos amigos y excompañeros del PSA en dos sociedades municipales y no haber justificado nunca sus funciones pese a recibir importantes emolumentos. Además de López Benítez, este caso sentará también en el banquillo a Manuel Cobacho, exportavoz del PSA.
Ese procedimiento judicial, que dinamitó la querella de Pacheco contra Sánchez, está pendiente de que la Audiencia Provincial señale la fecha de juicio. Por lógica temporal, este asunto debería juzgarse antes. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron que en caso de suspensión, «no sería nada descabellado» que la exalcaldesa socialista acabara siendo juzgada primero. Una maniobra que podría ya manejar Pacheco para dar la puntilla a su particular venganza.
Las cinco contrataciones que la jueza del nº 3 considera que podrían ser constitutivas de delito son las de Dolores Caravaca, militante socialista que fue fichada como agente de dinamización social; Rubén Pérez, delegado de la UGT en el Consistorio que accedió a un puesto de delineante; África Becerra, exconcejala de Medio Ambiente que dos años antes de acceder a ese cargo entró en el Ayuntamiento como técnico para proyectos de desarrollo; y Francisco Gil y Rosario Cano, que fueron contratados bajo la modalidad de alta dirección como coordinador de Fomento y coordinadora general de Gabinete de Alcaldía, respectivamente.
La denuncia inicial del líder del Foro Ciudadano señalaba hasta 32 contratos formalizados bajo el mandato de Sánchez; si bien la jueza ha visto indicios de delito solo en cinco de ellos.
