Economía de guerra en el CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) vivía de espaldas a la crisis. Durante los últimos ejercicios ha estado en una nube, tirando de los fondos a pesar de los continuos tijeretazos a su presupuesto, que ha menguado un 29% desde 2009. «Hemos hecho el tonto», confiesa uno de los asistentes a la reunión del Consejo Rector del pasado miércoles. Hasta ahora. Las arcas de la institución, al igual que las de los tebeos, están con telarañas. El presidente de la institución, Emilio Lora-Tamayo, expuso a los miembros del máximo organismo de gestión de la entidad las líneas maestras para el próximo trienio. El objetivo es reducir el déficit de 147 millones que arrastra la entidad en ese periodo de tiempo a través de unas líneas de actuación que el Consejo Rector acogió con «normalidad y tranquilidad».

El presidente del CSIC prometió que no se iba a producir ningún despido a través de un ERE, aunque va a ser casi imposible la renovación de cualquier contrato temporal o de obra. También se suprime el programa 'Junta para la Ampliación de Estudios' (JAE), a través del cual se contrataban becarios para los diferentes proyectos. Y los que están en la actualidad, cuando acaben su periodo de formación, también se marcharán. Además, no habrá sitio para nuevos fichajes. La llegada de alguien a esta enorme casa, que tiene 'habitaciones' en todas las especialidades, va a ser casi una quimera. «O viene un investigador con dinero, es decir, con un respaldo económico potente y privado para poder realizar su trabajo en el CSIC, o es casi imposible que pueda regresar», apuntan desde las entrañas del organismo.

Es decir, se quiere fomentar una vía de ingresos muy habitual en otros países pero que en España casi no se ha explotado. En esta idea de lograr más dinero, el CSIC va a empezar a ponerse serio con aquellas empresas que todavía le deben dinero por explotar alguna de sus patentes. «Esta decisión va a ser complicada de ejecutar porque hay empresas que han cerrado por la crisis», comenta Esperanza Iglesias, vocal del sindicato de funcionarios CSIF. En este proceso de adelgazamiento para quedarse con las principales líneas de investigación, el CSIC revisará con minuciosidad los sistemas de admisión de proyectos de científicos que quieran continuar trabajando con más de 65 años. «Tiene que ser muy, pero que muy bueno para que ahora se acepte», añaden desde este organismo público que aglutina a 130 centros repartidos por todo el país.

Gastos corrientes

La previsión de Lora-Tamayo es que durante 2013 se liquide un tercio de la deuda: unos 50 millones. «Somos muy escépticos de lograrlo», indica Patxi Sanjuán, secretario de Innovación e Industria de UGT, quien considera que las cosas se han hecho mal desde hace años. «La transformación en agencia estatal no ha servido. Está hecha a medias», añade. Esta modificación estatuaria, que permite la entrada de capital privado, no se ha desarrollado en toda su extensión y es una de las vías de entrada de dinero fresco que el Ministerio de Economía planteó en su duro informe sobre el organismo.

El alquiler de edificios en desuso y cuyo mantenimiento cuesta mucho dinero, la reducción en un 10% del gasto corriente, revisar todos los proyectos en los que se comparta financiación con otras instituciones y agilizar la burocracia del organismo son algunas de la iniciativas planteadas por Lora-Tamayo en la reunión del miércoles. «Ha intentado difundir tranquilidad en un momento en que se hablaba mucho de nosotros. No nos beneficia tanta tensión», confiesa la representante del CSIF. «No me termina de convencer el proyecto porque no garantiza el futuro. Es un planteamiento solo a corto plazo para acabar con un déficit que me sorprende que el CSIC no haya podido solventar en estos años», resume Sanjuán. Unas medidas para intentar mantener viva la investigación en España.