Chiclana

Las telecomunicaciones copan las quejas de la OMIC

CHICLANA. Actualizado: Guardar
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En los datos registrados por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en el mes de septiembre vuelve a demostrarse que las empresas y servicios vinculados con las telecomunicaciones continúan liderando las quejas que se presentan en el citado órgano.

Durante el pasado mes, este sector económico acaparó un 58,74% de las quejas presentadas, con un total de 84 de ellas, seguido, muy de lejos, por las tramitadas a tenor de diferentes servicios de seguros contratados. En este caso, se han registrado 11 quejas, las cuales suponen un 7,69% del total.

En cuanto al contenido de las quejas, también se mantienen como las más frecuentes las discrepancias en las cantidades facturadas, los problemas a la hora de gestionar la portabilidad de una compañía a otra, el cobro de servicios no contratados, la tarificación adicional, y las relativas al servicio de atención al cliente.

Asimismo, son reseñables el número de denuncias tramitadas en sectores como el suministro eléctrico, con seis (4,20%); servicios profesionales y terminales móviles, con cinco (3,50%); así como la banca, con un total de cuatro quejas (2,80%).

En total, durante el pasado mes se tramitaron unos 143 expedientes ante entidades y empresas afectadas por algún tipo de conflicto relacionado con los derechos de los consumidores. Estos expedientes corresponden a las 224 consultas realizadas por los ciudadanos de Chiclana de la Frontera durante el mismo periodo de tiempo. Estas cifras suponen que el 45,98% de las citadas consultas se convierte en expediente.

La finalidad de la OMIC es ofrecer ayuda y orientación a los consumidores de la localidad. Así, se encarga de recibir, tramitar y mediar las reclamaciones que se presenten directamente por el consumidor o que le sean remitidas por otras oficinas con el mismo fin o asociaciones de consumidores.

Además, su objetivo fomentar la educación y la formación de los ciudadanos, colaborando con otras entidades públicas y privadas en la defensa de los derechos del consumidor y remite a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no ha sido posible lograr un acuerdo mediador.