La Fiscalía advierte de «riesgo elevado» de acciones terroristas de la yihad

La memoria de actividad de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el año pasado se difundía ayer con motivo de la Apertura del Año Judicial. Si bien el cierre de este documento lleva la firma del nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su contenido es herencia de su antecesor en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, que estuvo al frente de este departamento la mayor parte del año. El balance del trabajo efectuado por los fiscales en los distintos territorios guarda una advertencia seria, calificada de «riesgo elevado» de amenaza terrorista de la yihad. La posibilidad de atentados en suelo nacional ha crecido principalmente por dos anuncios que tienen mucho que ver con la provincia de Cádiz: la instalación del escudo antimisiles, que conlleva un aumento de las fuerzas militares en Rota, y la ampliación de la Base Naval.

La Fiscalía asegura que las investigaciones de los grupos especializados en la lucha antiterrorista detectaron el pasado año cómo «en los foros yihadistas» se producía «un incremento de las amenazas a España y sus intereses» coincidiendo con la difusión de noticias sobre los planes estratégicos en Rota. La Red es una vía de captación y adoctrinamiento que está utilizando con fuerza el terrorismo yihadista y es en internet donde se desarrollan fases de las operaciones que realizan los cuerpos policiales. «Las informaciones de los servicios de seguridad señalan directa o indirectamente a España como posible objetivo de actos terroristas, y aunque las investigaciones en curso no confirman la activación de planes terroristas concretos en nuestro país, la evaluación del estado actual de la amenaza se sitúa en riesgo elevado», señala la referida Memoria de la FGE.

Como también se recuerda en este documento, las referencias del terrorismo islamista a España no son nuevas y en varias ocasiones se han intervenido documentos o conversaciones donde se recogen «viejas aspiraciones» como conquistar «el mito de Al Andalus», pero los nuevos compromisos adquiridos por el Gobierno de la nación, como fue aceptar la implantación del escudo antimisiles en Rota, no han hecho más que multiplicar esos mensajes a favor de atacar el país o sus intereses.

En clave de realidad, de hecho consumado, la Fiscalía General habla de la posición que tiene España en los planes que tratan de llevar a cabo estas organizaciones criminales y no es otra que utilizar el territorio nacional de base logística «para la obtención de armas, material, financiación, documentos falsificados, voluntarios y como refugio de huidos».

Hay decenas de investigaciones que se están instruyendo en la Audiencia Nacional que así lo acredita; si bien en muchos casos son archivadas o cuando llegan a juicio los imputados son absueltos. La principal razón, según explica la memoria de la FGE, son las «enormes dificultades» que tienen las acusaciones para demostrar en la mayoría de los casos hechos que se encuadrarían en la captación y reclutamiento y no en delitos consumados de terrorismo.

Y en esas investigaciones aparece la provincia de Cádiz. Se cita en el documento unas diligencias que está instruyendo el juzgado central de Instrucción nº 3 que indaga en la presunta vinculación de un grupo de ciudadanos, algunos residentes en Cádiz y Algeciras, con el movimiento Tabligh Al Dawa, que también promueve un radicalismo del Islam.

Este verano, la provincia volvió a ser noticia nacional al ser detenido un vecino de La Línea, que en colaboración con otros dos supuestos terroristas, estaban planeando una acción en suelo gaditano. El Ministerio del Interior difundió imágenes del zulo hallado en la vivienda de La Línea de uno de los tres presuntos miembros de Al Qaeda y un vídeo en el que se aprecia un ensayo de vuelo con un avión de aeromodelismo con el que supuestamente pretendían atentar. Los investigadores sospechan que la intención de los tres implicados, que fueron enviados a prisión, era arrojar un artefacto sobre el centro comercial Puerta de Europa de Algeciras.