Clemente: «Hasta a Urdangarin le dejan más libertad que a mí»

Hace más de un año que se dio el último paso conocido del proceso judicial, con el auto que determinó la salida de prisión preventiva del principal imputado por la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal, Clemente Ruiz. A las pocas semanas se iniciaba el caso administrativo, tras la petición de liquidación de responsabilidades tanto directas como subsidiarias, a la vez que la vía penal sufría un freno, que aún hoy continúa.

Mientras el tiempo pasa y los que están implicados, tanto los imputados como los que denunciaron, se encuentran en vilo a la espera de que se resuelva para limpiar sus nombres. Precisamente los imputados son los que peor lo están pasando por la falta de ingresos, tal y como han afirmado a lo largo de este tiempo tanto María José Lebrero como el propio Clemente. Suspendidos de empleo y sueldo han sido varias las ocasiones en las que han solicitado su incorporación al puesto de trabajo. Ahora la Justicia le da la razón a uno de ellos, a la ex cajera con una resolución (que no es firme y contra la que cabe recurso) que obliga al Ayuntamiento a reincorporarla a su puesto de trabajo. Según declaró el propio alcalde, José Loaiza, los servicios jurídicos están estudiando actualmente el caso, ya que tienen 15 días para recurrir. El criterio que ha seguido el Consistorio hasta el momento es denegar esta posibilidad, argumentando que están en un proceso judicial con una causa abierta.

Por el momento no ha llegado ni la petición de la funcionaria ni la orden de cumplimiento, aunque también se estudia el perfil profesional de María José, para ver el lugar al que se puede incorporar dentro del nuevo organigrama municipal, una vez que su función ha sido eliminada.

Tampoco hay que olvidar que el Ayuntamiento en el documento jurídico que ha enviado al Tribunal de Cuentas, considera que se trata de una responsable directa y que debe hacer frente a la cantidad total sustraída junto a Clemente, es decir los 7,8 millones de euros.

Precisamente el principal imputado aseguró que estaba «indignado» por el «compadreo» que a su entender existe en este documento ya que a los responsables subsidiarios (los dos ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, interventor y tesorera) solo se les reclama un cantidad que no llega ni a los 300.000 euros. «Hasta a Urdangarín le dejan más libertad que a mí. Yo ya no tengo dinero ni me quedan fuerzas para defenderme y la causa se sigue retrasando sin saberse cuándo habrá juicio». Lo que mantiene en vilo a todos los implicados en este proceso que se está prolongando en el tiempo.

De esta manera, Clemente Ruiz seguirá solicitando su incorporación al trabajo, mientras que María José Lebrero ya ha conseguido su primera victoria en los tribunales. Ambos quieren defenderse y el resto que se despejen las dudas, claro que todo depende de la Justicia.