La reforma más polémica

La pretensión del Gobierno, tal como defiende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardon, de eliminar la malformación del feto -supuesto eugenésico- como supuesto para abortar de forma voluntaria abre un debate que, lejos de enfriarse por los rigores del verano, sube cada vez más de tono.

El titular de Justicia afirmó esta semana que «ningún discapacitado tiene que tener menos derechos que el resto de los ciudadanos», lo que a su entender sirve «exactamente igual para aquellas personas que han nacido y para aquellas que están en proceso de nacer».

Alberto Ruiz-Gallardón se apoya en el artículo décimo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según explicó. Este es el mismo argumento que aducen en Down España (federación de asociaciones de padres con hijos con síndrome de Down). Su gerente, Agustín Matia, considera «muy positiva» la postura del Gobierno, «porque ese anuncio plantea eliminar la discriminación por discapacidad que viene recogida en la legislación actual».

Matia destaca que el ministro de Justicia «no ha hecho un planteamiento personal, sino una abdicación a la que el Reino de España estaba obligada por una recomendación de Naciones Unidas, a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad». Un dictamen elaborado por el organismo internacional en octubre del año pasado recogía que la ley del aborto española «no cumplía» lo recogido en la convención y «había que cambiarla».

También celebra el anuncio del ministro Ruiz-Gallardón la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa). Esta organización solicita a los médicos que defiendan la vida del no nacido, como recoge la deontología profesional, y no escuchen presiones que hacen que los facultativos «no pongan todos los medios a su alcance para informar adecuadamente y llevar a término en las mejores condiciones posibles embarazos complicados». «La práctica del aborto por malformación del feto, con independencia del periodo de gestación, supone la eliminación de un ser humano sin ninguna justificación», porque, añade la Concapa, hay que defender la vida, «máxime cuando se trata de seres indefensos, protegiendo al más débil», según expone la citada Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por el contrario, la propuesta del Gobierno es rechazada desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). A juicio de su gerente, Santiago Barambio, el ministro Ruiz-Galladón «quiere prohibir de facto el aborto en España».

60.000 muertes

Barambio destaca que restringir el aborto es «ocultarlo», lo que se traduce en un aumento de muertes que abortan en lugares clandestinos. El presidente de ACAI recuerda que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, al año se producen 60.000 muertes por abortos mal realizados, y 8,5 millones de mujeres necesitan atención médica por complicaciones.

Y es que en ACAI consideran que durante estos dos primeros años de vigencia de la actual ley las mujeres «han podido decidir sin tutelas sobre su maternidad, ya que el desarrollo de la norma ha facilitando y normalizado el acceso a la prestación sanitaria de aborto sin tener que justificar una decisión íntima y personal». Según los estudios de ACAI, un 62,35% de las mujeres que abortan lo harían en cualquier circunstancia, no siendo sus motivaciones ni económicas, ni laborales, ni afectivas. En consecuencia, volver a una ley de supuestos restrictiva, como la que apunta para el otoño el ministro de Justicia, «sería negarle a más de un 60% de mujeres su derecho a decidir, situándolas en los estrechos márgenes de la clandestinidad; ya que una mujer que decide abortar lo hará con amparo legal o sin él».

También en contra del Gobierno está la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que considera que eliminar el supuesto de la malformación es «intolerable en una sociedad desarrollada». Se sorprende de que desde el Gobierno se hable de los derechos de los discapacitados, cuando «los ha mutilado de manera inclemente» al reducir las ayudas a la dependencia y las subvenciones a las entidades que se ocupan de los enfermos. Estas asociaciones aseguran que muchas de las enfermedades que contempla el supuesto de la malformación son el 1% de los abortos que se realizan y dan lugar a fetos no viables por presentar lesiones incompatibles con la vida.