La ofensiva de la UE en los mercados fuerza a España a no aflojar con los sacrificios

España ya se ha ganado su propio apodo en la crisis. La locura vivida esta semana en los mercados, con el país a milímetros del rescate integral, ha alumbrado uno de esos vocablos que tanto gustan en el mundo anglosajón. 'Spanic', la mezcla de España y pánico, se ha abierto paso en los diagnósticos de los analistas evocando la huida en masa de los inversores de la deuda nacional. Muchos expertos llegaron a anticipar que la suerte estaba echada para el Gobierno de Mariano Rajoy, pero entonces apareció la caballería. El BCE, Alemania y Francia acudieron al rescate con la promesa de que defenderán hasta el final a la economía española. Su ayuda, sin embargo, no es gratis. El respaldo comunitario obliga al Ejecutivo a no aflojar ni un segundo con los ajustes y reformas.

Los socios europeos y el banco central trabajan en la fórmula definitiva que se utilizará para intentar atajar las turbulencias en los parqués. Existen distintas alternativas, pero todas ellas cuentan con el mismo denominador: España tendrá que esforzarse al máximo. Incluso, el Gobierno se vería obligado a aplicar a rajatabla todos los sacrificios pactados en el caso de que el BCE volviera a comprar deuda, la única solución que no conlleva condiciones regladas. Ante este escenario, sugerido el jueves por Mario Draghi en su contundente intervención que rebajó la prima de riesgo 50 puntos de golpe, el presidente de la entidad siempre tendría el poder para suspender la adquisición de bonos en cualquier momento.

El guardián de la moneda única, en un análisis que comparte con la UE, defiende que España y el resto de socios acorralados por los mercados no tienen otra opción. La única receta posible para restablecer la confianza pasa por una austeridad a ultranza y toneladas de reformas estructurales. El último paquete de ajustes de Rajoy, que contempla un tijeretazo de 65.000 millones, va en esa dirección, pero hay que aplicarlo. Tras la experiencia griega, en Bruselas se ha aprendido que los planes tienen un valor limitado. Es decir, hasta su puesta en marcha íntegra nadie se fía. Con una nueva intervención en favor de la deuda española, la vigilancia se dispararía para garantizar que el Ejecutivo no se despista.

Retraso de la jubilación

El colosal recorte de Rajoy, considerado uno de los más ambiciosos de los que se han llevado a cabo en Europa, persigue cumplir con los objetivos de déficit comunitarios. El desafío corta la respiración, pero los socios esperan mucho más. Estos deberes figuran claramente en las recomendaciones económicas de la Comisión, un listado de tareas anual concebido para reducir las diferencias dentro de la zona euro. El Gobierno ya ha cumplido algunas de estas exigencias como la subida del IVA o la eliminación de la deducción por vivienda. En el tintero, todavía aguardan otras medidas tan delicadas como el adelanto de la edad de jubilación con 67 años, el estricto control del gasto de las comunidades o una profunda revisión de las políticas activas de empleo.

La socios dan tanta importancia a estas recomendaciones que se han incluido en el memorando que regula el rescate bancario, otra de las cuestiones que tiene por delante el Gobierno. Los miembros del euro aprobaron el salvavidas de 100.000 millones hace diez días coincidiendo con el inicio de las turbulencias en los mercados. El contrato vinculado a estos créditos fija un calendario muy preciso para avanzar en el saneamiento del sector financiero y establece los amplios poderes de inspección que tendrán los 'hombres de negro' de la UE. Entre las distintas exigencias, el Gobierno deberá aprobar una normativa para que los dueños de participaciones preferentes, muchos de ellos pequeños ahorradores, asuman pérdidas por la recapitalización de los bancos y las cajas de ahorros.

Ofensiva conjunta

Toda esta serie de reformas y sacrificios podrían crecer con los movimientos que preparan la UE y el BCE. Sus planes siguen sin concretarse, pero cada vez cobra más cuerpo una acción coordinada para calmar a los inversores. La idea que empieza a emerger pasaría por una ofensiva conjunta del fondo de rescate y el banco central. El primero acudiría a las emisiones de deuda de España e Italia -ambos con sus destinos unidos si uno de ellos cae víctima de los mercados- para garantizar que se financian con unos intereses razonables. El instituto emisor intervendría entonces en los mercados secundarios, donde se revenden posteriormente los bonos, con el objetivo de estabilizar sus precios.

La actuación del BCE siempre estaría ligada al uso del fondo de rescate, que jamás se ha empleado para comprar deuda, pese a que cuenta con poderes para ello. Al parecer, el emisor habría forzado esta operación conjunta para vencer las resistencias existentes en su seno. Algunos bancos centrales, especialmente el Bundesbank germano, rechazan la adquisición de bonos porque vulnera los estatutos de la entidad al financiar directamente a los países. Según indicaba ayer el diario muniqués 'Süddeutsche Zeitung', la intervención se podría extender a la compra directa de títulos a entidades financieras, una opción sin explorar hasta ahora.

Salvo que se modificara la normativa, la activación del fondo de rescate exigiría una petición previa de España. Este proceso está concebido como un rescate parcial similar al de la banca y conllevaría sus propias condiciones. En principio, el Gobierno cumple buena parte de ellas, pero se da por hecho que se fijarían plazos vinculantes para cumplir con las recomendaciones de Bruselas todavía pendientes. A lo largo de la semana, algunos medios han especulado con la posibilidad de que la Unión Europea aceptara suavizar estos requisitos, aunque habría que verlo. El salvavidas bancario también parecía menos duro sobre el papel y los socios acabaron por imponer una férrea tutela a España.