Putin intensifica la persecución contra sus adversarios políticos

La oposición rusa ha logrado que la manifestación de hoy en Moscú sea autorizada, pero con el evidente objetivo de intimidar y desmovilizar al mayor número de personas posible, ayer fueron llevados a cabo registros policiales en los domicilios de los principales organizadores de la protesta. La medida fue aplicada contra el bloguero anticorrupción Alexéi Navalni; el líder del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov; los dirigentes de Solidaridad, Borís Nemtsov e Iliá Yashin, y la presentadora de televisión e hija del primer alcalde democrático de San Petersburgo, Ksenia Sobchak.

La letrada Olga Mijaílova sostiene que los agentes no permitieron a los afectados estar presentes durante las pesquisas policiales ni tampoco a sus abogados, algunos de los cuales pudieron acceder a la vivienda tras varias horas de espera. Según Navalni, se llevaron de su piso «el ordenador, documentos, CD e incluso ropa». En el caso de Sobchak, y según las informaciones de la Policía, se ha incautado más de un millón de euros en metálico.

Los registros han sido ordenados por el Comité de Instrucción -órgano vinculado a la Fiscalía General aunque independiente- y su portavoz, Vladímir Markin, defendió que «es completamente legal y se realiza en el marco de la investigación por los desórdenes habidos en la concentración del pasado 6 de mayo y el expediente criminal incoado al respecto». Entonces resultaron heridos varios agentes y han sido detenidas 12 personas.

Navalni, Udaltsov, Nemtsov, Yashin y Sobchak han sido citados hoy a declarar en el juzgado con lo que probablemente no podrán participar en el mitin previsto tras la marcha por el centro de Moscú.Las organizaciones de derechos humanos creen que todo se trata de una maniobra intimidatoria para impedir que la convocatoria sea un éxito. Además, se da la circunstancia de que el sábado entró en vigor una nueva ley que endurece las sanciones a los infractores de la normativa de actos públicos.

Las multas para los manifestantes oscilan entre los 10.000 y los 300.000 rublos (entre 250 y 7.500 euros), para los dirigentes políticos implicados pueden llegar a 600.000 rublos (15.000 euros) y para las organizaciones convocantes alcanzan el millón de rublos (25.000 euros). Las irregularidades habidas en las elecciones de diciembre y en las presidenciales de marzo son la razón de que las protestas no cesen y Putin ya empieza a estar harto.