El baile de cifras que al interventor municipal le cuadraba

Los pasos que está dando el Tribunal de Cuentas, vuelven a traer las dudas sobre la herida sin cerrar del desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal. El rechazo al recurso interpuesto por el interventor, José Antonio López, junto a la tesorera, María de las Virtudes Gómez, hace que ya solo falte que el Consistorio interponga su demanda para que el proceso dé comienzo. Una causa que determinará la responsabilidad administrativa de lo ocurrido en Hacienda y por tanto de las personas que deben restaurar lo perdido.

Los isleños siguen preguntándose cómo nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, algo que se entiende menos tras las propias declaraciones de los implicados en el suceso. El interventor ya afirmó en una comisión informativa, ante los grupos municipales, que justificaba los documentos pendientes de ingreso en las cuentas, ya que Clemente Ruiz (principal imputado) era de su total confianza. Es decir, que según el interventor, Clemente aseguraba que en la caja faltaban millones de euros porque estaban en una serie de papeles sobre su mesa que no le había dado tiempo a actualizar.

Sin realizar ningún tipo de reparo, las cifras millonarias se ponían en documentos oficiales sin importar que físicamente no estuvieran en la caja. Algo que se puede observar en la documentación trasladada a la Cámara de Cuentas, en la que ya se advertía que algo raro estaba sucediendo, puesto que no es normal que millones de euros estén en una caja fuerte en vez de un banco, dando rentabilidad. Por ello, en el balance de situación que tiene el organismo, sobra el Ayuntamiento de San Fernando aparece que en el año 2004 el Consistorio tenía en su caja 1,1 millones de euros y en solo un año lo había multiplicado para llegar a los 2,5 millones de euros de 2005 en caja. Sin embargo, en los arqueos extraordinarios por cambios de cargos o de Corporación, las cantidades se reducían considerablemente. Por ejemplo, la tesorera entró en mayo de 2006 y en la documentación aparece que en la caja solo había unos 6.270 euros, mientras que cuando entró la Corporación en 2007 la cifra no sobrepasaba los 7.000 euros. Los papeles pendientes de ingreso en la caja se incluía en los documentos que se les mandaba a entidades como la Cámara de Cuentas, pero se omitían en los arqueos realizados para dar a conocer la situación a nivel local.

Un hecho que no alarmó a nadie, ni siquiera a los miembros de la oposición que en los plenos correspondientes daban el visto bueno a este baile de cifras, sin poner ningún tipo de objeción. Otros aspectos que hay que determinar son: si los alcaldes eran informados de esta situación y por qué los técnicos no alertaron desde el primer momento que faltaban 7,8 millones de euros.