La denuncia por los trabajos del tranvía, en manos de la Fiscalía

La denuncia del expropiado Joaquín Moreno, contra la dirección General de Transportes por un presunto desacato de la orden de paralización decretada en abril por la sala cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), está en manos de la Fiscalía. Este organismo será el que determine si hay alguna responsabilidad que depurar o si, por el contrario, no hay suficientes indicios y se archiva el caso.

La Justicia va mucho más lenta que los avances en la obra, que actualmente se centra en la reposición de losas y la mejora de las conexiones entre las calles transversales. Además, habrá que tener en cuenta otros aspectos, pues en esta ocasión la Junta considera que actuó de la forma correcta, puesto que suspendió la actividad en los puntos especificados en la sentencia, hasta que corrigió los errores del proyecto para darle validez.

Sobre este aspecto, discute el letrado, José Antonio Gamero, que representa al único expropiado que continúa en permanente lucha con la Administración regional. Nuevamente habrá que esperar al resultado para saber qué nueva dirección toma el proceso judicial. Hace precisamente un año que se interpuso la demanda en el Juzgado de Instrucción número uno de San Fernando, sin que hasta el momento se haya conocido ninguna resolución al respecto, siendo finalmente Fiscalía la encargada de decidir si se tomarán medidas o no.

Informes de la Policía

Además cuenta en su poder con los informes policiales, solicitados en su momento por la jueza instructora del caso. El primero de ellos se centró en el tramo urbano de la calle Real, desde el castillo de San Romualdo hasta, aproximadamente, la altura de la calle Santo Entierro (Callejón Nuevo), donde no se estaban llevando a cabo trabajos de ningún tipo, salvo algunas tareas de mantenimiento de escasa relevancia.

Sin embargo, la jueza entendió que se trataba de un informe «incompleto». El documento entregado por la Policía Local «no respondía a las necesidades del proceso», sobre todo porque se centraba en la calle Real y omitía algunas de las zonas más importantes de la actuación. Por ello se volvió a solicitar la elaboración del informe, aunque en esta ocasión especificando que se ampliara para recoger todo el tramo que va desde el caño Zurraque hasta la zona de la Ardila. De este modo, afectaba a los dos puentes que se están realizando a la salida de San Fernando, uno precisamente en el caño Zurraque y el otro en el de Sancti Petri, que ya recoge el tráfico del puente Zuazo, que se convertirá en peatonal.

Ahora, tras un año, es la Fiscalía la que entra en escena para resolver un conflicto que se alarga en el tiempo. Los expropiados han conseguido que la Justicia les dé la razón, por el momento, en todos los procesos abiertos contra la Junta, al insistir una y otra vez en la nulidad del proyecto debido a los fallos formales cometidos en su tramitación administrativa. Es más, a la sala cuarta del TSJA remitieron también un acta notarial acompañada de un reportaje fotográfico, para acreditar que los trabajos continuaban en marcha.

El panorama en el tiempo poco ha cambiado porque los obreros siguen invadiendo la calle Real, sin que exista una fecha clara de cuándo podrá comenzar a circular el tranvía.