Griñán propone que el tope al déficit se fije por población y anuncia «acciones jurídicas»

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, dio ayer un paso más en su apuesta decidida a convertir al bipartito en referente de una alternativa a las políticas del PP y de Mariano Rajoy. En su primera comparecencia tras un Consejo de Gobierno esta legislatura, Griñán anunció acciones jurídicas y políticas para que en los Presupuestos del Estado de 2013 el porcentaje del tope al déficit público de las comunidades se fije por la población y no por el Producto Interior Bruto (PIB) como hasta ahora.

Griñán advirtió primero de forma solemne que este año cumplirá con el compromiso de no superar el déficit del 1,5% del PIB, pero se arrogó el derecho a discrepar y a plantear una alternativa, incluso dejando en el aire que en 2013 tenga la misma disposición a cumplir con el déficit si no cambia el modelo. Primero porque considera que el actual sistema es «injusto» sobre todo para Andalucía. Segundo porque defiende, en línea con las teorías de Hollande, que la obsesión por el déficit, que atribuye a Rajoy, lastra el crecimiento económico y no soluciona el principal problema de España y de Andalucía, el desempleo. «Simplemente, con una política de déficit público, no salimos de esta», aseveró.

Griñán no aclaró cómo conducirá sus acciones jurídicas, si a través del contencioso administrativo o mediante recursos al Tribunal Constitucional. Fue más explícito sobre la estrategia política. Recordó que ha encargado al vicepresidente de la Junta, su socio de gobierno Diego Valderas, entablar relaciones con el PP a la búsqueda de un pacto que se aventura difícil. Propone un acuerdo de todos para defender el cumplimiento del Estatuto, en cuanto a inversiones estatales, y el cambio de modelo del déficit mencionado.

Griñán, que aún no ha sido recibido por Rajoy en La Moncloa, volvió a reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para hablar de gasto y déficit e insistió en un pacto de Estado para encarar la actual situación de debilidad ante los mercados financieros. Pero a lo que más espacio dedicó en su comparecencia fue a la explicación de su teoría para que se modifique el sistema del déficit.

Para el presidente andaluz, el actual sistema no solo es injusto y de «efectos perversos», sino que puede llegar a ser inconstitucional porque no garantiza la igualdad y el equilibrio de los españoles vivan donde vivan. Considera un agravio que a comunidades como Madrid y Cataluña, con menos población que atender y mayor deuda pública, se le conceda mayor capacidad de endeudamiento al ser sus PIB mayor. Asegura que si se hubiera aplicado el porcentaje del 1,5% a la población y no al PIB, Andalucía no hubiera tenido que ajustar 2.800 millones de euros a su presupuesto para cumplir con el déficit, ya que tendría 620,5 millones de euros más en créditos.

La cifra es cercana a los 777 millones que se descontarán de las retribuciones salariales de los empleados públicos. Por lo que Griñán argumentó que no se hubiera tenido que bajar los complementos ni el sueldo a los empleados públicos.

Griñán hizo esta comparecencia una semana después de aprobado su ajuste de 2.800 millones de euros. El presidente culpa del recorte andaluz al modelo del déficit y a los decretos de Rajoy en Sanidad y Educación, que también considera injustos. El presidente cifró en 23.805 empleos de jornada completa los que peligrarían al aplicarse las medidas de Rajoy. En este sentido lanza un órdago a los sindicatos que se han posicionado radicalmente en contra de los ajustes salariales con el anuncio de movilizaciones, ya que les deja en la disyuntiva del sacrificio salarial o los despidos.

Es significativo que la comparecencia del presidente se hiciera el mismo día de la huelga en la enseñanza, con los sindicatos andaluces también enfadados con la Junta. Griñán tuvo que admitir que no habrá despidos, pero sí se dejará de contratar a 4.800 profesores eventuales por el aumento de horas lectivas a 37,5.

Con todo lo más llamativo de la rueda de prensa de Griñán fue la crítica que lanzó contra el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como réplica al trato recibido por Andalucía en el Consejo de Política Fiscal y Fianciera. Griñán recordó que las declaraciones de Beteta en marzo dudando de la solvencia de la Junta hicieron mucho daño ya que le impidió colocar deuda. Beteta fue consejero de Hacienda en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la cual se ha destapado ahora con un déficit el doble del que trasladó en un principio al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. «He oído al señor Beteta y tengo serias dudas de su solvencia», dijo devolviéndole la pelota.