El juez llama a declarar a Sor María como imputada por el 'caso de los bebés robados'

La religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, ha sido citada a declarar en calidad de imputada el próximo día 12 ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los denominados 'niños robados'. Así lo confirmaron a Efe fuentes jurídicas, que explicaron que sor María, que tiene cerca de 80 años, deberá declarar ante el juez por la denuncia de María Luisa Torres, una madre que la acusa de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid.

Las mismas fuentes han destacado que la citación de sor María, prevista en un principio para el día 17, ha sido cambiada por el juzgado para el 12, día en que se van a mantener una reunión las asociaciones de 'niños robados' con los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La religiosa, que vive en un convento en Madrid de las hermanas de la Caridad, es la primera persona a la que un juez abre diligencias por un caso de 'niños robados', después de haber remitido la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Se le imputan los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público cuando trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina, en el momento en que ocurrieron los supuestos hechos.

El pasado día 3 María Luisa Torres acudió ante el magistrado Carretero como testigo para ratificar su denuncia contra sor María y contó que esta le quitó a su bebé tras llamarla «adúltera», ya que el padre no era su marido, y que anteriormente también la había intentado engañar diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

María Luisa Torres y su hija Pilar, que se reencontraron hace medio año tras confirmarse su relación biológica por pruebas de ADN, comentaron a la salida de los juzgados que esperaban que se hiciera justicia y que su caso sirva para dar «pasos de gigante» en un asunto difícil de demostrar por la posible prescripción de los delitos o por la dificultad de hallar pruebas acusatorias.

«Si no lo paga aquí, sé que lo va a pagar ahí arriba. Tanto sufrimiento no puede quedar así. Tiene que haber Justicia», aseveró María Luisa Torres.

Su abogado, Guillermo Peña, destacó que la investigación todavía está en «una fase muy prematura», por lo que no descarta que pidan que se tome declaración a algunos de los médicos implicados en la trama.