Solo cuatro farmacéuticas cierran el contrato de suministro con la Junta

Solo cuatro de las once empresas farmacéuticas que el pasado lunes resultaron adjudicatarias en la subasta planteada por la Junta de Andalucía acudieron ayer a firmar los contratos para proveer medicamentos a la Consejería de Salud. Las cuatro empresas que firmaron, como estaba previsto, a la una de la tarde de ayer son Industria Química Farmacéutica VIR, Uxafarma, Medinsa Laboratorios y Aurobindo. Las siete que no acudieron a la firma son Ranbaxy, Jassen Cilag, Mycomed Pharma, Abbott, Sanofi, Bayer y UCBPharma. Estas cuatro últimas empresas ya habían avisado por escrito con anterioridad de que no asistirían a la firma, según anunció ayer la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero.

En declaraciones a los periodistas, Montero recordó que las empresas adquieren compromisos por el hecho de asistir a una subasta para adjudicación de contratos, como la celebrada el lunes.

Presiones del Gobierno

La consejera de Salud anunció que su departamento estudia llevar al fiscal la actuación del Ministerio. «Ayer -por el jueves- empresas farmacéuticas nos denunciaron que estaban recibiendo presiones del Ministerio de Sanidad a través de amenazas que le obligaban a bajar los precios en el conjunto de España si firmaban los contratos (con la Junta)», dijo Montero.

Esas presiones «significan que estaban haciendo lo posible para que en el día de hoy -por ayer- no se firmaran los contratos que resultaron adjudicados el pasado lunes», según Montero.

«Una vez más, cuando se ponen en marcha medidas para seguir sosteniendo un sistema sanitario público, universal y gratuito lo que hacen es un conjunto de actuaciones para que no se haga posible la firma de los contratos y tengan que poner en marcha otras medidas que repercutan en el bolsillo del ciudadano», señaló Montero sobre el Gobierno y el PP.

Montero calificó la actuación del ministerio como «hechos extraordinariamente graves; el PP siempre que tiene ocasión agrede a Andalucía y en este caso defiende los intereses de la industria farmacéutica frente al interés común de los andaluces.»

La consejera recordó que la subasta de medicamentos ha sido la fórmula elegida por su departamento «para reducir la factura farmacéutica sin que tuviera repercusión ni en la calidad de la prestación ni en el bolsillo de los ciudadanos», mientras que, añadió «otras comunidades han preferido el camino fácil de cobrar un euro por receta».

Desde el ministerio se negaron estas acusaciones. En una nota, Sanidad recordó a la Junta que «siempre se han mostrado abiertos al diálogo» a fin de poder llegar a un acuerdo que impidiese impugnar una norma que, como reconoció la propia ministra recientemente en el Congreso, «no tiene suficientes requisitos de transparencia y garantías, rompe con la unidad de mercado y afecta negativamente al derecho de los andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con el resto de los españoles».