La Policía insiste en evitar el paseíllo a Iñaki Urdangarin por seguridad

El Ministerio del Interior insiste: Iñaki Urdangarin no debería hacer el paseíllo a los juzgados de Palma por motivos de seguridad. La Policía va a remitir un nuevo informe al juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, en el que le solicita que reconsidere su decisión de no dejar que el yerno del Rey llegue en coche hasta la misma puerta del edificio.

El argumento de los especialistas de las fuerzas de seguridad es que se prevé que el próximo sábado haya una afluencia masiva de ciudadanos en las cercanías de los juzgados. Y no solo curiosos, pues muchos de ellos tienen intención de manifestarse en contra del duque de Palma, lo que podría desatar incidentes o el lanzamiento de objetos al insigne imputado.

La Policía, según fuentes del caso, detalla que su prioridad, ante todo, es evitar altercados y garantizar la seguridad de Urdangarin y que todo sería más fácil si el duque llegara en su vehículo hasta la entrada del edificio oficial directamente desde el lugar -aún desconocido- donde pernoctará la noche anterior. Interior pone el acento en que el 25 de febrero habrá, al menos, dos convocatorias contra el yerno del Rey, una independentista y otra republicana. La primera es del colectivo catalanista Maulets, que ha llamado a una concentración a las puertas de los juzgados bajo el lema «Ara i sempre, Mallorca antimonárquica», y que podría desembocar en problemas. En el mismo sitio y a la misma hora, los Joves d'Esquerra Unida de Baleares -las juventudes locales de la coalición- han citado a los suyos para dar un «cálido recibimiento a la republicana» al esposo de la infanta Cristina.

Al margen de la decisión que tome el decano, que en principio tiene el apoyo del propio instructor del 'caso Babel', José Castro, la Policía prepara un dispositivo de seguridad de mucha mayor envergadura del usado durante las declaraciones de los dos últimos fines de semana.

Los planes de Interior pasan por desplegar a la práctica totalidad de la plantilla en Palma de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los equipos de élite de los antidisturbios), más o menos unos 60 agentes. Estos funcionarios, a los que podrían unirse efectivos de las Unidades de Intervención (UIP, antidisturbios), tendrán como objetivo blindar por completo la manzana en que se ubican los juzgados. Un perímetro al que solo podrán acceder abogados y periodistas. Otros efectivos serán desplazados hasta los tejados de los edificios colindantes para impedir que alborotadores puedan lanzar objetos contra el yerno de don Juan Carlos.

A este dispositivo, según explicaron mandos policiales, hay que sumar a los agentes que la Casa Real destine a la escolta personal del duque. Estos funcionarios se ocuparán de la protección directa de Urdangarin, desde la llegada al aeropuerto o aeródromo que elija hasta su salida de la isla. Todo lo referente a su viaje sigue siendo una incógnita.

Con este blindaje, los responsables judiciales baleares siguen considerando, al menos por el momento, que no hay un motivo suficiente para dispensar un tratamiento diferenciado al duque y que éste, como ha hecho el resto de imputados, debería recorrer a pie los algo más de 30 metros del callejón que da acceso a la puerta trasera del tribunal. Máxime cuando es prácticamente imposible que haya incidentes en la callejuela. A un lado no hay ventanas y en el otro las únicas existentes pertenecen al propio palacio de justicia.

El juez decano y el propio Castro tienen la obsesión de transmitir la idea de que el marido de la infanta Cristina va a ser tratado como cualquier otro ciudadano, tanto durante la declaración como en aspectos colaterales como puede ser su llegada. El hecho de evitarle el paseíllo a Urdangarin ante las cámaras si no hay una razón de peso -entienden- podría suponer un claro agravio comparativo con el resto de los imputados, entre ellos su exsocio, Diego Torres.

Decisión al límite

Portavoces del Tribunal Superior de Justicia de Baleares explicaron, no obstante, que en los próximos días el decano tomará una decisión definitiva a la vista de los últimos informes de las fuerzas de seguridad. Hasta entonces, la postura oficial sigue siendo la ya expresada la pasada semana: a Urdangarin se le aplicará «la regla general» de que todo el mundo accede a pie al juzgado. Martínez Espinosa señaló que no pensaba hacer «distingos» y que el duque tendrá «el mismo» tratamiento que cualquier otro imputado. «Se trata de dar un trato igualitario a todo el mundo», insistió el magistrado.

El decano aseguró entonces que no había recibido petición alguna para variar con Urdangarin el procedimiento habitual, aunque reconoció que en la reunión que mantuvo hace dos semanas con miembros de la Casa del Rey hubo una «sugerencia» para que entrara en automóvil.