26 años después

La importancia del movimiento asociativo del voluntariado fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que, en su sesión de 17 de diciembre de 1.985, proclamó el día 5 de diciembre de cada año, como Día Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Económico y Social, destacando la necesidad de promover la acción voluntaria organizada y la de fortalecer y ensanchar sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Descendiendo al ámbito regional se aprueba la Ley 7/2001 de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, denominada 'Ley del Voluntariado' que parte del reconocimiento de que el carácter autónomo y dinámico del movimiento voluntario constituye un valor a proteger y fomentar. En tal sentido, la mencionada Ley tiene un contenido que fortalece los derechos de las Asociaciones de Voluntarios, entre otros: «La reivindicación y la denuncia cuando fuera necesario. A recibir las medidas de apoyo financiero, material y técnico, mediante recursos públicos orientados al adecuado desarrollo de sus actuaciones».

Por lo que respecta al ámbito local, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en su artículo 25, como norma de obligado cumplimiento para las Corporaciones Locales, «la prestación de Servicios Sociales y de promoción y reinserción social».

26 años después de aquella proclamación de la ONU debo denunciar que existe una sistemática vulneración no sólo de las aludidas leyes, sino de otras muchas que reconocen los Derechos de las Asociaciones de Voluntarios que prestan sus servicios a los Colectivos en grave riesgo de exclusión social. Para evitar ambigüedades, señalo como responsables de las vulneraciones a la Dirección Provincial del S.A.E., que dirige Juan Bouza, y al Ayuntamiento de Puerto Real, que preside María Isabel Peinado.