La comunidad de regantes denunciará por «fraude» a los anteriores gestores

La nueva Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín anunció ayer que ya ha realizado un primer análisis exhaustivo del estado real en el que se encuentra la institución, así como de la obra de modernización de la zona regable que abarca a alrededor de 12.000 hectáreas.

Y, como dieron a conocer ayer, el resultado de este análisis «no ha hecho más que confirmar los peores augurios, ya que la situación es muy grave, preocupante y obliga a la actual junta de gobierno a pedir responsabilidades ante la Justicia y a encargar una auditoría de la obra al Ministerio de Medio Ambiente».

Según los actuales gestores, lo que se han encontrado «es peor de lo que se creía en un principio, ya que hemos recibido una comunidad en la ruina, con una deuda millonaria que recae sobre las espaldas de los regantes, con una gestión que presenta importantes irregularidades y con una obra de modernización que poco se parece al proyecto original».

En opinión de los responsables de la zona regable (que presentaron candidatura a través de la organización agraria COAG Cádiz, frente a la de Asaja), «se da el caso de que muchos regantes aún no saben lo que es realmente la modernización del riego, ya que tan solo se les ha instalado un contador y les han pinchado los hidrantes en tuberías viejas de hace 20 años, que no están acondicionadas para aguantar tanta presión, por lo que las averías son constantes, por lo que ahora hay comuneros que tienen mucho más problemas para regar que antes y, encima, están endeudados de por vida».

Para colmo del despropósito, apuntan que «tres años después de finalizarse las obras el sistema de riego presenta importantes averías y desperfectos en los materiales (nunca ha funcionado la telemetría y el telecontrol, hay problemas de corrosión que demandan una sustitución de los materiales.), lo que anula el principal objetivo del proyecto, que era la modernización de los riegos para lograr el ahorro y la contención con respecto al uso del agua y dar así un futuro más cierto al excelente campo de regadío de la comarca jerezana».

Sin embargo, la junta de gobierno se queja de que «lo que hay es una deuda desorbitada que es inasumible por parte de los comuneros, agricultores ya muy castigados por la crisis del sector, que se han convertido en víctimas de la negligencia de las administraciones públicas, que tenían que haber ejercido su obligada función de control de la inversión, así como de una nefasta gestión que podría llegar a incurrir en delito».

En este sentido, la actual junta de gobierno denunció ayer públicamente, el desvío de más dos millones de euros por parte de los anteriores gestores de la comunidad, que «utilizaron estos fondos ingresados por los comuneros para el pago del canon y las tasas a la Agencia Andaluza del Agua (en 2007 y 2008) para un destino muy diferente: la obra de modernización». «Debido a este desvío, los comuneros deben esa cantidad a la Junta, a pesar de haber pagado el impuesto en tiempo y forma», añadieron.

Por todo lo expuesto, la comunidad anunció ayer que se ve «obligada» a pedir responsabilidades ante la justicia «a todo aquel que haya estado implicado de alguna manera en un proceso de modernización que ha resultado ser un fraude, y que ha llevado a la ruina a unos regantes que lo único que han hecho es confiar en las administraciones y en los que tenían las riendas de la comunidad». «Todos les han fallado», afirmaron rotundamente.

Y por si quedaban dudas, desde la comunidad han recordado que la empresa estatal Seiasa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, fue la promotora de la obra de modernización y Sacyr la adjudicataria, teniendo la comunidad únicamente relación con la sociedad estatal mediante convenio firmado el 22 de diciembre de 2001.

De esta manera, «la sociedad estatal asumió la dirección de la obra y recaía sobre ella la responsabilidad de proteger a los 2.400 comuneros del Guadalcacín, con el fin de que estas obras se llevasen a cabo y se realizaran conforme a lo proyectado, sin que se desviaran del objetivo de la modernización real a un coste asumible por las explotaciones agrarias».

Frente a eso, desde la comunidad consideran que Seaisa ha incurrido en dejación de funciones y ha dejado desprotegidos a los regantes, ya que ha permitido que no se ejecute la obra en su totalidad, que se instalen materiales con una calidad no adecuada, que se acepten modificaciones no justificadas y que se instalen infraestructuras fuera de la zona regable.