Los despidos y las reclamaciones laborales ponen al límite a los juzgados de lo Social

Dos escenarios revelan con toda crudeza la virulencia de la crisis. Por un lado, las colas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y, por otro, la montaña de expedientes por despidos y reclamaciones que se acumulan en los juzgados de lo Social de la provincia. Más de 4.000 empresas han echado el cierre en Cádiz desde 2008, lo que ha generado una de las mayores bolsas de parados que se recuerdan.

La falta de acuerdo en la indemnización o la imposibilidad de cobrar el salario por la quiebra de la empresa han disparado las demandas judiciales. La destrucción de empleo ha sido constante y el tejido empresarial gaditano no ha sido capaz de taponar las fisuras para salir a flote. La provincia cuenta con una tasa de paro del 31,3%, de las cinco más altas del país, lo que equivale a una población de parados formada por 182.500 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2011. El último varapalo que ha sufrido la provincia tuvo lugar con los datos de paro del mes de septiembre que arrojó una cifra de 174.916 parados, es decir, 7.000 más que el mes anterior. El sector servicios devolvió a la calle las contrataciones temporales del verano. La Encuesta de Población Activa destaca que 62.500 familias de la provincia tienen en paro a todos sus miembros. Los efectos se sienten en el cierre de empresas. Solo un dato a tener en cuenta: en 2009 había en la provincia 1.688 empresas menos que en 2008. Suma y sigue. Este mismo descalabro de la actividad empresarial se advierte en 2010, con 1.701 empresas menos que el año anterior.

La situación laboral de Cádiz tiene su fiel reflejo en los despachos laboralistas de la provincia y en los servicios jurídicos de los sindicatos, que no dan abasto. En 2007 llegaron a los juzgados gaditanos 2.714 casos frente a los 5.710 que se tramitaron en 2010, una cantidad que será superada en 2011, donde en el primer semestre ya se han contabilizado 3.193 expedientes. El responsable de la Fundación Socio Laboral de UGT en Andalucía, Francisco Díaz, destaca como las reclamaciones judiciales empezaron a notarse a partir de mediados de 2007. El sector de la construcción es el que más pleitos ha mantenido, seguido del comercio y la hostelería. El 15% de los casos por despido que llegan a los juzgados de lo Social los tramita el sindicato UGT, «y hay que aclarar que los expedientes que llegan ante el juez son una parte del iceberg de la crisis laboral, luego están los acuerdos entre empresa y trabajador donde no caben más recursos».

Según Díaz, las demandas que más se han incrementado han sido las relacionadas con los despidos objetivos, es decir, razones económicas o productivas por las que se prescinde del trabajador. La reclamación de cantidad es lo que más pleitos se lleva a magistratura en estos casos. Definir si corresponden 20 días por año, como plantea la empresa, o los 45 por despido improcedente, que reclama el trabajador.

Un drama que no cesa. «La compañía ha restructurado sus delegaciones en Andalucía y su puesto en Cádiz está dentro del plan de ajuste». Con esta frase acabaron los quince años de dedicación a la empresa que había mantenido Manuel G., un analista de programas, de 42 años, que prefiere no dar el nombre de la compañía naviera que prescindió de sus servicios. En este caso, no fue necesario acudir a los tribunales.

El departamento jurídico-laboral de UGT en Andalucía atendió en 2010 a 25.000 personas, de las que 2.958 correspondían a Cádiz solicitando información y asesoramiento. Este mismo despacho sindical elevó el año pasado 2.228 expedientes a los juzgados gaditanos y prevé que la cifra sea aún mayor en 2011 como consecuencia de los problemas que asolan a la planta de Visteon en El Puerto.

El volumen de demandas ha puesto al límite a los juzgados de lo Social de la provincia, que se ven obligados a dar señalamientos de juicios para noviembre de 2013 y febrero de 2014.

El abogado laboralista Ramón Dávila reconoce que los procedimientos son desproporcionados para la capacidad de los juzgados de la provincia, «pero es una situación general». Aclara que el problema radica en los pleitos por reclamaciones de cantidad, impugnación de altas médicas y prestaciones a la Seguridad Social. En estos últimos es donde más conflictividad existe por asuntos de invalidez y jubilación. Dávila señala que el cierre o quiebra de empresas es lo que ha generado, entre otras cosas, más expedientes de reclamación de cantidad en los juzgados, ya que el trabajador se ha ido a la calle sin indemnización.

Desde el Colegio de Abogados de Cádiz se advierte que la justicia gratuita o los abogados de oficio están asistiendo a trabajadores que se encuentran con problemas.

La Fundación Socio Laboral de UGT se estrenó en el 2000 y en diez años ha logrado reembolsar a los afectados por pleitos unos 1.000 millones de euros en concepto de cuantías reclamadas. Según Díaz, el 78% de los casos se ganan en primera instancia.