La demanda de justicia gratuita aumentó un 19% desde el comienzo de la crisis

El Estado garantiza que la representación legal debe ser gratuita, al menos, para quien no puede pagarla. Evidentemente desde que comenzó la crisis, el número de personas que se encuentra en esta situación ha crecido, y con ello la demanda de justicia gratuita. Sólo en el Colegio de Cádiz, el turno de oficio ha recibido en lo que llevamos de año cerca de 23.500 asuntos de personas que necesitan representación legal, ya sea para defenderse de una acusación como para presentar una denuncia -como ocurre con muchas mujeres víctimas de violencia machista- y el colegio espera acabar el año con más de 25.000 casos.

El año pasado se superaron los 24.500 asuntos y se atendió a 53.460 personas (60.500 al incluir a los del colegio de Jerez). En cambio en 2006, el año anterior a la crisis, la asistencias por letrados de oficio apenas llegaron a los 21.000 pleitos en Cádiz. Es decir, en los últimos cuatro años las solicitudes de abogados atendidas han aumentado un 19%.

La mayoría de los que recurren a esta asistencia gratuita lo hacen cuando se enfrentan a un juicio por la vía Penal, que en 2010 aglutinó el 60% de los asuntos que trataron en el turno de oficio, según el último informe al respecto del Consejo General de la Abogacía Española. Gran parte de estos casos se corresponden con multas de tráfico, delitos por robos y los casos de violencia de género. Sin embargo, debido a la crisis y al aumento de los casos de reclamaciones de deudas e impagados, cada vez se registran más pleitos de la jurisdicción Civil que llegan a manos de los letrados de este turno.

Para optar a un abogado de oficio, el solicitante debe demostrar que sus ingresos anuales no superen los 14.900 euros (es decir, el doble del IPREM) y que no cuente con bienes que no sean la vivienda habitual. Para lo cual deben entregar su última declaración y dar su permiso al colegio y a la Junta para que consulten sus datos fiscales. Las peticiones pasan primero por una comisión provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, en la que están representados tanto la Fiscalía, como el decano de abogados, procuradores y un letrado de la Junta, que debe evaluar la situación de cada solicitante. «Desde que se pide un abogado hasta que se aprueba, suelen pasar en torno a 10 o 15 días», explica José Mendoza, secretario del colegio de Cádiz. En los últimos años, con el aumento del paro, muchas personas que hasta ahora podían permitirse asumir las minutas de un letrado privado, se ven abocadas a recurrir a este servicio, gratuito para ellas, pero que no para la Junta de Andalucía.

Abuso y poco control

Con todo el incremento de la demanda, según critican algunos abogados del turno de oficio, no es achacable sólo a la situación económica: también culpan de ello a un «abuso» de la justicia gratuita y a una falta de controles a la hora de asignar letrados a los solicitantes. «El problema es que se está dando a todo el mundo», lamenta por ejemplo Manuel Rodríguez-Piñero, vicedecano del Colegio de Cádiz, que explica cómo se asignan letrados incluso a los afectados por «desahucios por falta de pago, que son casos en los que no es necesario un abogado. Se está haciendo un gasto excesivo», explica.

La misma opinión la comparte Juan Domingo Valderrama, adscrito al servicio de orientación penitenciaria, que lamenta que «los controles no están siendo todo lo eficaces que se desearía, y se está malgastando un dinero que pagamos todos». Según su experiencia, «no son infrecuentes los casos de personas a las que se asignan abogados de oficio, que tienen recursos suficientes para que no se les concedan. Algo tiene que fallar en el procedimiento, quizá porque hay muchas peticiones y no se comprueban a fondo los expedientes», critica. También Valderrama considera que en la sociedad se recurre a la justicia gratuita con demasiada frecuencia y pone un ejemplo: «Para una boda, la gente se endeuda para los convites, pero a la hora de divorciarse, siempre se escatima y se pide abogado de oficio».